Que no te lo cuenten.
La ONU publicó un nuevo informe de su Comisión de Investigación sobre Gaza. El documento afirma haber encontrado «bases razonables» para concluir que el Ejército israelí usó un rifle de francotirador montado en un cuadricóptero para disparar a un bebé de diez días. No hay análisis forense disponible. No hay nombre del bebé, de la madre, del médico ni del hospital. No hay evidencia técnica de que ese tipo de arma se haya desplegado de esa forma. Nada es verificable.
«Confíen en nosotros», pide el informe. No se lo ha ganado.
La cadena es siempre la misma. Un activista lanza la acusación. Una ONG la publica. Los grandes medios citan a la ONG. La ONU construye sobre esa cita. La repetición institucional reemplaza a la verificación independiente.
En este caso, según el análisis publicado por The Daily Wire, el origen aparente de la narrativa del cuadricóptero es el médico Ghassan Abu-Sittah. En noviembre de 2023, Abu-Sittah afirmó que fuerzas israelíes operaban cuadricópteros que disparaban «balas individuales» a civiles cerca de hospitales. Sin evidencia forense. Sin fotografías del arma. Sin sistemas recuperados.
Abu-Sittah es también conocido por haber afirmado que la explosión del hospital Al-Ahli en octubre de 2023 fue un ataque israelí que mató a 500 palestinos. Investigaciones gubernamentales y periodísticas concluyeron que fue un cohete fallido del Yihad Islámico Palestino. Varios medios retractaron sus notas. Abu-Sittah, según la misma fuente, continuó repitiendo la versión original durante meses.
La ONG que amplificó la narrativa del cuadricóptero es Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. Sus informes se basan casi en su totalidad en testimonios anónimos o de segunda mano. Es la misma organización cuya dirigencia ha enfrentado preguntas sobre vínculos con Hamás. Es la misma ONG cuya acusación de que soldados israelíes usaron perros para violar palestinos fue citada por Nicholas Kristof en The New York Times.
Para finales de 2024, NPR dedicó un reportaje extenso a los supuestos «drones francotiradores» israelíes. Citó testimonios anónimos de personal médico. Repitió afirmaciones que ya circulaban en redes activistas. En 2026, esas afirmaciones se convirtieron en «hallazgos» de la ONU.
Lo que cambió: el número de instituciones que repiten la acusación. Lo que no cambió: la cantidad de evidencia verificable. Sigue siendo cero.
Esto es lo que el análisis llama «lavado de narrativas»: una afirmación no se vuelve más confiable por pasar por más instituciones. Al contrario, se vuelve más opaca.
Contrafuego lo dice claro. El problema no es solo un médico, una ONG o un informe. Es la doble vara institucional. Las acusaciones contra Israel reciben un nivel de deferencia que sería impensable en cualquier otro contexto. Ningún periodista serio aceptaría «confíen en nosotros» como estándar probatorio para acusar a un Estado de crímenes de guerra. Salvo, al parecer, cuando el acusado es Israel.
El relato se cayó solo. Las instituciones que lo sostienen deberían explicar por qué.
