Adva Lavie llegó al tribunal de Los Ángeles con bata azul de reclusión y esposas. En cuanto vio a un fotógrafo del New York Post, giró el cuerpo, aceleró el paso y desapareció detrás de la puerta de seguridad. No fue un gesto menor: era la primera imagen pública de la llamada «Penthouse Pet» desde su arresto del martes por la noche en el restaurante Azur, en Beverly Hills.
El problema inmediato no era el robo. Era que Lavie fue detenida sin su tobillera de monitoreo GPS, condición obligatoria de su libertad bajo fianza desde marzo, cuando fue imputada por seis delitos graves: dos cargos de robo mayor, dos de allanamiento y dos de uso no autorizado de información de identidad personal.
Su abogado, Lou Shapiro, compareció por Zoom y argumentó que su cliente no era un riesgo de fuga. «Seguía en Los Ángeles, seguía en Beverly Hills, tuvo todas las oportunidades de irse y no lo hizo», dijo Shapiro. El fiscal no lo vio igual: «Se cortó la tobillera. ¿Cómo no es eso un riesgo de fuga? No sabemos si salió o no, porque no tenía el brazalete puesto».
El juez fijó la fianza en 20.000 dólares para el nuevo cargo —una falta relacionada con el monitor ausente— y postergó la audiencia hasta el 10 de septiembre. Lavie permanecerá entre rejas de todas formas: violar las condiciones de la fianza original la mantiene detenida hasta la audiencia del viernes, que determinará si sigue presa hasta el juicio.
El caso que la tiene en ese punto arrancó en el festival Coachella de 2025. Según la policía, una víctima denunció el 15 de abril la desaparición de más de 25.000 dólares en bienes personales, entre ellos joyas, tarjetas de crédito y perfumes costosos. Una segunda víctima reportó joyas, lentes de sol de lujo y una billetera de alto valor. Ambos habían rentado un Airbnb durante el festival.
Si es condenada por los cargos del primer arresto, Lavie enfrenta hasta 11 años de prisión. El New York Post reportó además que su prometido millonario, Stephen Cloobeck, canceló la boda a principios de julio.
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Que no te lo cuenten. Este caso tiene todos los ingredientes del relato que el progresismo californiano prefiere ignorar: una acusada con recursos, abogado de Zoom y fianza, que supuestamente burló el sistema de monitoreo electrónico sin consecuencias inmediatas, hasta que la prensa la encontró en un restaurante de Beverly Hills. La tobillera GPS existe precisamente para que el aparato estatal sepa dónde está alguien que ya enfrenta seis cargos graves. Cuando esa herramienta falla —o se elimina deliberadamente— la pregunta no es solo legal: es sobre la credibilidad de un sistema que exige confianza a cambio de libertad provisional. Las víctimas del Airbnb, con más de 25.000 dólares en pérdidas, merecen algo más que audiencias postergadas.
