El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en claro algo que muchos prefieren ignorar: los padres no abandonan sus convicciones religiosas al cruzar la puerta de una escuela pública. En Mahmoud v. Taylor, el tribunal falló que el condado de Montgomery, Maryland, no podía obligar a los padres a elegir entre su fe y la participación en la educación pública. El condado había introducido libros de cuentos con contenido LGBTQ para estudiantes de primaria, ofreció inicialmente la posibilidad de excluirse y luego revocó esa opción. La Corte dijo que no.
Pero Mahmoud no cerró el debate. Solo respondió la primera pregunta. La siguiente ya está sobre la mesa: ¿quién decide qué materiales pertenecen a las escuelas públicas? ¿Los padres y las juntas escolares electas, o instituciones que operan en gran medida fuera de toda supervisión parental significativa?
Esa pregunta se litiga hoy en Colorado. En Crookshanks v. Elizabeth School District, causa pendiente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, los demandantes impugnan la decisión del distrito escolar de Elizabeth de retirar un pequeño número de títulos de sus bibliotecas escolares. La colección combinada de esas bibliotecas supera los 50,000 libros. Los retiros cuestionados representan apenas una fracción, correspondientes a obras que el distrito calificó como sexualmente explícitas, inapropiadas para la edad o directamente contrarias a lo que muchos padres enseñan en casa.
La retórica política confunde el análisis jurídico con frecuencia. Invocar el fantasma de la censura es poderoso y efectivo, pero cuando se usa para describir a una junta escolar que retira material sexualmente explícito de su biblioteca, es incorrecto. Una biblioteca escolar pública no es una librería abierta al público. Un currículo no es un mercado ilimitado de ideas. Retirar un libro de una biblioteca escolar no equivale a prohibirle a una editorial que lo venda, ni a una familia que lo compre.
La Corte Suprema ha reconocido desde hace décadas que los padres tienen un rol constitucionalmente protegido en la formación de sus hijos. Meyer v. Nebraska, Pierce v. Society of Sisters, Wisconsin v. Yoder: todos esos precedentes apuntan en la misma dirección. El gobierno no puede desplazar a los padres como autoridad primaria sobre la formación moral y religiosa de sus hijos.
El ex gobernador de Virginia Terry McAuliffe lo aprendió de la peor manera. En un debate de 2021 dijo: «No creo que los padres deban decirles a las escuelas qué enseñar». Perdió su candidatura frente a Glenn Youngkin.
Los hechos en Colorado son elocuentes: la junta revisó libros específicos, escuchó a padres y miembros de la comunidad, consideró la edad de los estudiantes y retiró solo un puñado de títulos de una colección enorme. Eso no es censura. Es gobernanza democrática.
Contrafuego lo dice sin rodeos: el principio en juego no es bibliográfico, es de soberanía familiar. Cuando el aparato estatal decide que sabe mejor que los padres qué deben leer los niños, y además blinda esa decisión de toda rendición de cuentas, el problema no es un libro. Es quién manda en la formación de la próxima generación. La accountability democrática no es un defecto constitucional. Es, precisamente, la salvaguarda. Que no te lo cuenten.
