Laith Adil Shehzad tenía 17 años cuando un gran jurado de Texas lo acusó bajo la ley antiterrorista del estado. Las autoridades encontraron una pistola, propaganda y material de reclutamiento de ISIS, información sobre explosivos y comunicaciones con un terrorista de ISIS encarcelado en el extranjero. Los fiscales dijeron que se preparaba para un ataque con muchas víctimas.
Lo más inquietante es que, según se informó, Shehzad ya estaba en el radar de las fuerzas del orden desde los 13 años. En 2021, habría reconocido que se había radicalizado por su cuenta en la ideología de ISIS. Más tarde entró en el sistema de justicia juvenil por acusaciones vinculadas con artefactos explosivos caseros. Cuatro años separaron esa primera alerta de la acusación por terrorismo.
La pauta se repite. En 2025, ocho de los 11 presuntos actores involucrados en siete ataques inspirados en ISIS o complots frustrados en Estados Unidos eran adolescentes. Cuatro tenían 17 años o menos, y seis de los siete incidentes involucraron al menos a un adolescente. El año anterior, seis de ocho complots inspirados en ISIS incluyeron al menos a un menor.
El problema es que el camino empieza mucho antes de que una institución adulta lo vea como lo que es. Una escuela puede ver un problema disciplinario. Los padres, enojo o aislamiento. La policía, delincuencia juvenil. En línea, ese mismo chico puede estar consumiendo propaganda terrorista o forjando vínculos con personas que los adultos a su alrededor ni conocen.
El Centro Nacional de Contraterrorismo advirtió que los extremistas violentos usan redes sociales, mensajería cifrada y plataformas de videojuegos para reclutar, difundir mensajes terroristas y planear ataques. Un adolescente solo en su cuarto puede parecer aislado, pero no necesariamente está radicalizándose solo.
Abdullah Haji Zada tenía 17 años cuando las autoridades federales lo arrestaron en Oklahoma en octubre de 2024 junto con su cuñado mayor, Nasir Ahmad Tawhedi, un ciudadano afgano que entró a Estados Unidos después de la retirada de Afganistán. Según los fiscales federales, ambos planearon un ataque inspirado en ISIS para el Día de la Elección, buscaron rifles tipo AK y munición, y esperaban morir al ejecutarlo. Haji Zada fue sentenciado a 15 años de prisión federal.
En Carolina del Norte, Christian Sturdivant tenía 14 años cuando el FBI lo encontró por primera vez en 2022. Según las autoridades federales, se había comunicado por internet con alguien que creía asociado con ISIS y recibió instrucciones de tomar un martillo, tocar puertas en su vecindario y atacar a quien abriera. Su abuelo intervino después de que Sturdivant saliera de casa con un martillo y un cuchillo. Más tarde recibió tratamiento de salud mental, se restringió su acceso a redes sociales y la investigación del FBI terminó cerrándose.
Pero no se acabó ahí. A fines de 2025, las autoridades volvieron a encontrarlo. Ya con 18 años, Sturdivant dijo a empleados encubiertos del FBI que actuaban como miembros de ISIS que quería llevar a cabo un ataque de Nochevieja usando cuchillos y martillos.
En Colorado, la investigación sobre Humzah Mashkoor comenzó cuando tenía 16 años. A los 18, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Denver mientras intentaba viajar al extranjero para unirse a ISIS.
La lectura es incómoda pero clara: cuando el Estado llega tarde, lo que antes parecía un problema adolescente ya puede haberse convertido en una amenaza federal. El relato de que todo se resuelve con burocracia, terapia o vigilancia general se cae frente a casos concretos, con propaganda, armas y células de radicalización cada vez más jóvenes.
Otra vez la doble vara: se discute el síntoma, pero se deja avanzar la causa. Si una sociedad no sabe detectar a tiempo la mezcla de aislamiento, violencia y adoctrinamiento, termina pagando el precio en seguridad pública, en libertad y en dinero de los contribuyentes.
