Pennsylvania, Nueva York y Texas tienen poco en común políticamente. Sin embargo, los tres estados han tomado medidas para frenar o auditar la construcción de nuevos centros de datos en las últimas semanas. El gobernador Shapiro firmó una orden que impone las reglas más estrictas del país para este tipo de infraestructura. La gobernadora Hochul decretó una moratoria estatal sobre los llamados centros de datos a hiperescala. Y el gobernador Abbott ordenó una pausa en nuevas aprobaciones mientras se evalúa el impacto en la red eléctrica de Texas.
No es un patrón partidista. Según datos de HeatMap citados en el análisis, el apoyo público a los centros de datos se ha desplomado en todo el espectro ideológico durante los últimos doce meses.
Los argumentos oficiales apuntan al consumo de agua, la demanda energética, el ruido y los subsidios fiscales. Pero quienes han cubierto el fenómeno desde el terreno señalan otra cosa. Un reportaje desde Wisconsin y Michigan documenta la tensión entre autoridades locales —que ven en estos proyectos una salida para terrenos que de otro modo serían inútiles— y vecinos convencidos de que las grandes corporaciones hacen promesas vacías y manipulan a los políticos locales.
El antecedente más citado es el acuerdo con Foxconn en Wisconsin: la empresa recibió 4.000 millones de dólares en incentivos fiscales a cambio de una planta que generaría 13.000 empleos. Una década después, solo se materializaron 1.000 puestos de trabajo.
Los centros de datos ni siquiera hacen esa promesa. Según los permisos revisados en 17 proyectos durante 2025, los planes contemplan apenas 1.547 empleados permanentes de operaciones en total. Un centro de datos a hiperescala puede funcionar con entre 100 y 200 personas una vez terminada la construcción, menos que una gasolinera Buc-ee's.
Mientras tanto, las mismas empresas tecnológicas que construyen esta infraestructura han despedido a 170.000 de sus propios empleados en el último año, atribuyendo los recortes a la inteligencia artificial. Para los recién graduados en ingeniería y ciencias de la computación, el acceso a una carrera bien remunerada se ha cerrado justo cuando el sector presume de su mayor expansión histórica.
Esa es la contradicción que ningún comunicado corporativo logra resolver: las mismas compañías que piden subsidios públicos, terrenos y paciencia de las comunidades locales son las que llevan meses diciéndole a sus propios ingenieros que ya no los necesitan.
Desde Contrafuego lo vemos así: el rechazo a los centros de datos no es una victoria del ecologismo ni del populismo anticorporativo. Es el resultado lógico de décadas de promesas incumplidas financiadas con dinero de los contribuyentes. Cuando el aparato estatal reparte miles de millones en incentivos y el resultado son cien empleos y una factura eléctrica más cara, la desconfianza no es irracional: es la única respuesta sensata. La libre empresa funciona cuando asume sus propios riesgos. Cuando exige garantías públicas para proyectos privados y luego no entrega lo prometido, no merece el nombre de libre empresa. Merece el nombre que tiene: burocracia con logo.
