El relato se cayó solo. Los votantes de varias ciudades de Estados Unidos echaron a los fiscales progresistas financiados por la red Soros. Los echaron en las urnas, con nombres y apellidos. Y aun así, la maquinaria sigue girando.
Documentos de financiamiento de campañas muestran que Democracy PAC —ahora dirigido por Alex Soros, hijo del multimillonario George Soros— transfirió aproximadamente 1,7 millones de dólares a los brazos federal y no federal del Justice & Public Safety PAC entre marzo de 2025 y abril de 2026. El elder Soros cedió el control de la red familiar, valuada en unos 25 mil millones de dólares en activos filantrópicos y políticos, a su hijo Alex en 2023.
El Justice & Public Safety PAC es la organización que financió a fiscales que se volvieron notorios en los últimos años, según documenta Influence Watch: la ex fiscal del condado de Alameda, California, Pamela Price; el ex fiscal del condado de Los Ángeles George Gascón; el fiscal de Filadelfia Larry Krasner; la ex fiscal de circuito de St. Louis Kim Gardner; y la ex fiscal estatal del condado de Cook, Illinois, Kim Foxx.
La estrategia es conocida: concentrar recursos en fiscalías locales donde las decisiones sobre fianzas, cargos y sentencias pueden rediseñar por completo la política de seguridad pública, sin pasar por el escrutinio de una elección nacional. Es poder real, ejercido en silencio, barrio por barrio.
El gasto renovado llega pese al «backlash» electoral que removió o reemplazó a decenas de fiscales vinculados a ese financiamiento entre 2022 y 2024. Los ciudadanos dijeron basta. La burocracia progresista respondió abriendo la chequera.
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Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es una disputa abstracta sobre filosofía penal. Es quién decide si un reincidente con decenas de cargos previos vuelve a la calle esa misma tarde. Es quién define si un robo, una agresión o un delito menor «merece» ser perseguido. Esas decisiones tienen víctimas concretas, con nombres y direcciones.
La libre empresa, el orden y la propiedad privada no prosperan en ciudades donde el aparato fiscal mira hacia otro lado por convicción ideológica financiada desde afuera. Los votantes lo entendieron y actuaron. Que una red con 25 mil millones de dólares decida ignorar ese veredicto y volver a intentarlo en 2026 dice todo sobre el respeto que la casta progresista le tiene a la democracia cuando los resultados no le gustan.
