La representante republicana por Florida María Elvira Salazar volvió a impulsar la Ley de Dignidad (Dignity Act), registrada como H.R. 4393, con el objetivo de reformar el sistema migratorio de Estados Unidos. El 16 de julio de 2025 la propuesta fue remitida al Subcomité de Seguridad y Aplicación de la Ley Fronteriza, su última acción legislativa registrada.
Qué ofrece y qué exige. El núcleo de la iniciativa es el llamado Programa de Dignidad, con una duración de siete años. Los migrantes admitidos obtendrían protección frente a la deportación, autorización para trabajar de forma regular y posibilidad de viajar bajo el amparo de la ley. A cambio, los solicitantes deben registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentar información biométrica completa, superar verificaciones de antecedentes y demostrar que no existe historial criminal previo.
El financiamiento del programa corre por cuenta de los propios participantes: un total de 7.000 dólares distribuidos a lo largo de los siete años de duración. No hay transferencia directa al contribuyente estadounidense en el diseño base del proyecto.
DACA y asilo. Para los beneficiarios de DACA, la propuesta abre la puerta a un estatus de residencia permanente condicional por diez años, con opción de avanzar hacia la residencia permanente definitiva y, si se cumplen condiciones adicionales, solicitar la ciudadanía. En materia de asilo, el proyecto crea campus humanitarios en la frontera donde los solicitantes permanecerían mientras sus casos reciben atención, con un plazo máximo de 60 días para resolverlos. El esquema busca sustituir la práctica de captura y liberación.
Control fronterizo incluido. La ley contempla el despliegue de tecnología avanzada —radares, drones y sensores— para cubrir toda la extensión del límite sur, el incremento del personal activo de la Patrulla Fronteriza y la implementación obligatoria del sistema E-Verify en todo el país. Salazar rechazó las críticas que califican su proyecto como amnistía: «Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo», declaró en abril.
Para convertirse en ley, el proyecto aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, luego del Senado y finalmente la firma del presidente.
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Que no te lo cuenten. La Ley de Dignidad no es el cheque en blanco que la izquierda reclama ni la puerta cerrada que algunos conservadores exigen: es un intento de imponer orden donde hoy reina el caos burocrático. Requisitos reales, pago de bolsillo y control fronterizo reforzado son exactamente el tipo de marco que el libre mercado necesita para funcionar con mano de obra legal y verificada. El debate real no es si regularizar o no; es si el Congreso tiene la disciplina para aprobar algo que no sea ni amnistía ni parálisis. La historia reciente no invita al optimismo.
