Los tiempos se acortan y la Casa Rosada decidió subir la presión. El próximo martes se debatirá la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y el objetivo máximo del Gobierno es la suspensión de las PASO.
Para lograrlo, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, bajó una premisa que ordena toda la negociación: no habrá acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política. Desde el oficialismo presentan esa postura como «razonable» y «lógica».
La estrategia se mueve sobre un tablero difícil. En diferentes terminales del oficialismo admiten que no es fácil reunir los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales. Por delante, dicen, se espera una negociación fuerte por los distintos aspectos del proyecto.
La meta oficial es impedir que la oposición tenga la herramienta de las PASO para dirimir sus internas en 2027. El objetivo inicial era eliminarlas, pero desde hace semanas la Casa Rosada se conformó con suspenderlas, como ya lo logró en 2025.
El Gobierno ya probó varias fórmulas para destrabar el proyecto. Primero, intentó sumar la «ficha limpia» como incentivo para captar el apoyo de Pro y un sector de la UCR. Después ofreció reinstaurar el sistema de listas colectoras, para que los gobernadores pudieran colgar a sus candidatos de la boleta presidencial de Javier Milei. Esa alternativa quedó descartada.
Ahora, en la Casa Rosada evalúan una tercera salida si la suspensión se complica: convertir las primarias en optativas para los partidos. Cerca de la mesa política libertaria incluso lo plantean como una forma de exponer al peronismo, al sostener que una PAS no obligatoria podría dejar una participación del 20% del padrón.
La negociación está en manos de Diego Santilli y de Eduardo «Lule» Menem, mientras Patricia Bullrich advierte desde el Senado sobre las dificultades para juntar los votos. En el mapa de aliados aparecen Pro, un sector de la UCR y parte de los mandatarios provinciales.
En paralelo, la Cámara Nacional Electoral lanzó una advertencia que complica el calendario oficialista. A través de una acordada, señaló que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales. También indicó que el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso.
La discusión ya no es técnica: es de poder. El Gobierno quiere imponer condiciones, ordenar a los gobernadores y cerrar una reforma que le quite a la oposición una herramienta clave de competencia interna. El problema es que, cuando el aparato estatal usa la reforma electoral como moneda de cambio, el ciudadano queda otra vez mirando desde afuera cómo la casta negocia las reglas del juego.
Que no te lo cuenten. Si la Casa Rosada consigue llevarse las PASO, no será sólo una victoria parlamentaria: será una señal de quién fija las reglas y quién las padece. Y si el oficialismo termina forzando el calendario para acomodarlo a su conveniencia, la doble vara quedará a la vista: cambios urgentes cuando sirven al poder, prudencia institucional cuando el costo lo paga otro.
