Hay palabras que un gobierno repite hasta vaciarlas. En México, esa palabra es soberanía.
Cuando Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya y a integrantes de su entorno político de proteger al crimen organizado, la maquinaria oficial respondió con velocidad y contundencia: exigió pruebas, rechazó injerencias y recordó que ninguna autoridad extranjera puede decidir por las instituciones mexicanas. Comparecencias, defensas presidenciales, discusión nacional. La soberanía como escudo.
Mientras tanto, desde mayo de 2025, al menos 18 mexicanos murieron bajo custodia de ICE o en hechos relacionados con sus operativos, según la fuente. La respuesta del gobierno fue, durante meses, casi idéntica en cada caso: solicitud de información, asistencia consular, exigencia de investigación y una nueva nota diplomática. Cambiaban los nombres. El resultado no.
Fue recién después de la muerte número 17 que México escaló la estrategia. Presentó 20 denuncias penales: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en ocho entidades estadounidenses. La FGR remitió otro recurso al Departamento de Justicia y la Cancillería acudió al alto comisionado de Naciones Unidas.
La pregunta que formula la columnista Nadine Cortés en El Financiero es incómoda pero precisa: ¿por qué la muerte número 17 y no la primera? Los problemas —atención médica deficiente, falta de información, fallas sistemáticas en centros privados— eran conocidos desde antes. Washington, por su parte, devolvió las cartas alegando que México pretendía intervenir en asuntos de su territorio soberano. La misma palabra, usada ahora en sentido contrario.
Y entonces llegó la fotografía. El canciller Roberto Velasco posando con Marco Rubio durante la final del Mundial, convirtiendo el encuentro en una celebración pública de la cooperación bilateral. Según Cortés, el error no fue mantener la interlocución —un canciller debe hacerlo— sino olvidar que representaba al Estado que acababa de denunciar 17 muertes y al que Washington acababa de responder invocando su propia soberanía.
Las 20 denuncias dependen ahora de que las propias instituciones estadounidenses acepten investigar. México controla poco de ese recorrido.
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Esto es lo que ocurre cuando el aparato estatal convierte un principio jurídico en herramienta política selectiva. La soberanía no es un recurso de uso discrecional: o protege a todos los ciudadanos con la misma energía o es, simplemente, retórica al servicio del poder.
Que no te lo cuenten. El gobierno que durante meses respondió con trámites consulares ante muertes documentadas es el mismo que movilizó el lenguaje soberano completo para blindar a un gobernador señalado por crimen organizado. Esa doble vara no es un accidente de gestión: es una señal de qué —y a quién— defiende realmente este Estado.
