Que no te lo cuenten.
Chase Lackard, 20 años, miembro confeso de la pandilla «Slutty Gang», tenía una audiencia judicial por un caso de armas en el Bronx el 29 de junio. Veinte minutos después de salir del tribunal, según los fiscales, abrió fuego en un tiroteo desde un vehículo contra un rival. Al volante, según la acusación formal presentada el miércoles: su madre, Jennifer Lackard, subcomisionada adjunta de la Policía de Mount Vernon, y su padre, James Lackard, traficante de drogas con antecedentes federales.
El dato no es anecdótico. Es estructural.
Jennifer Lackard, 49 años, fue contratada en 2020 por la alcaldesa Shawyn Patterson-Howard para dirigir la recién creada Unidad de Bienestar del departamento policial suburbano. Salario base: 125.000 dólares. Pago real el año pasado, según registros de nómina públicos: 138.219 dólares. La fiscalía del Bronx señala que fue despedida tras su arresto. Fue indiciada el martes; la fianza quedó fijada en 75.000 dólares.
Su ex, James Lackard, cumplió diez años de prisión federal por tráfico de heroína en Carolina del Norte y sigue prófugo. Juntos fundaron allá una organización sin fines de lucro que fue cerrada tras la condena de él. Ella emigró al norte, se incorporó a la Junta Comunitaria 9 del Bronx y lanzó una nueva entidad, Re-Entry Link LLC, antes de aterrizar en el cargo municipal.
El fiscal auxiliar del Bronx, Keturah Ladd, fue directo ante el juez: «Está captado en cámaras corriendo hacia este tribunal. Tenía una cita judicial en el tercer piso de este edificio». Chase Lackard fue enviado a prisión preventiva sin fianza. Su historial ya incluía dos casos abiertos de posesión ilegal de armas —uno en Manhattan, otro en el Bronx— antes del tiroteo del 29 de junio.
La oficina de la alcaldesa Patterson-Howard no respondió a las solicitudes de comentario al cierre de esta nota. Tampoco está claro, según el reporte, por qué Patterson-Howard contrató a Lackard pese a su historial y su vínculo documentado con un convicto federal.
Aquí está el principio en juego: el dinero del contribuyente de Mount Vernon financió durante años un cargo creado ad hoc para alguien cuya hoja de vida debió haber encendido todas las alarmas. La burocracia de las «segundas oportunidades» y el «bienestar institucional» no hizo las preguntas incómodas. Las hizo la fiscalía, tarde y con una víctima de tiroteo en el medio.
El relato se cayó solo. No hace falta editorializar demasiado: cuando la funcionaria encargada del bienestar policial conduce el auto de escape de su hijo pandillero, el problema no es de recursos ni de presupuesto. Es de criterio, de rendición de cuentas y de a quién le importa realmente el orden.
