Setenta mil millones de dólares. Eso es lo que las autoridades aduaneras de Estados Unidos han devuelto hasta ahora a las empresas que pagaron los aranceles de la primera ronda del presidente Trump, aquellos que un tribunal declaró ilegales. Solo en junio se reembolsaron 49.000 millones. Y hay más en camino.
El problema es que ninguno de esos dólares parece haber llegado al consumidor.
La lógica era simple: si el Estado te cobró de más y te devuelve el dinero, ese dinero debería volver a la economía, ya sea en forma de precios más bajos o, al menos, como mejora en los márgenes de las empresas. Lo segundo ocurrió. Lo primero, no. La inflación en Estados Unidos sigue corriendo al 3,5%, por encima de lo que la Reserva Federal considera aceptable, y en los puntos de venta no hay señales de alivio.
Las corporaciones usaron los aranceles como cobertura para subir precios cuando llegaron. Ahora que los aranceles se deshacen, se niegan a devolver lo que cobraron de más. El argumento de que «la inflación se comió los márgenes» no resiste el escrutinio: la inflación de este año ha sido moderada, nada comparable al pico de 2021 y 2022. El petróleo ronda los 80 dólares por barril, un nivel que no es extraordinario ajustado por inflación en la última década. Los números, sencillamente, no cuadran.
Esto no es un secreto de Estado. Demócratas y populistas de derecha ya lo están usando como prueba de «codicia corporativa». Y aquí está la ironía que el mercado libre debería tomarse en serio: cuando las empresas capturan rentas generadas por la intervención estatal y las retienen sin justificación competitiva, no están defendiendo el libre mercado, están aprovechándose de la confusión regulatoria para extraer valor del consumidor.
Trump ya ha demostrado que no duda en intervenir en la fijación de precios. Ha presionado a farmacéuticas, ha reclamado crédito por la bajada del precio de los huevos, ha intervenido en precios más que cualquier presidente desde Richard Nixon en los años setenta. Si la Casa Blanca concluye que las empresas retuvieron reembolsos que debían haberse trasladado al público, la respuesta podría ser controles de precios directos.
Eso sería un desastre para la libre empresa, y lo sería aunque la provocación viniera del sector privado.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: el mercado libre no es un escudo para quedarse con dinero que no te corresponde cuando el Estado cambia de política. La competencia, no la burocracia, debería ser la que fuerce la devolución de esos márgenes al consumidor. Si las empresas no lo hacen solas, le están entregando a Trump el argumento perfecto para justificar una intervención que después será muy difícil de desmontar. El costo de esa hipocresía corporativa lo pagaremos todos.
