La presión sobre Letitia James por el caso Cornell ya no es solo judicial. También llegó al terreno disciplinario: el National Legal and Policy Center presentó una queja ética ante el comité de quejas de Nueva York por sus comentarios públicos sobre la presunta violación grupal en Cornell antes de ser nombrada fiscal especial.
La queja sostiene que James publicó el 28 de septiembre: «What this young woman has been forced to endure is horrific and unacceptable. To her, and to all survivors: you’re not alone. We stand with you». Para el grupo denunciante, ese mensaje creó una apariencia de sesgo antes de que comenzara la investigación.
A la par, abogados de dos de los hombres acusados en la demanda civil pidieron que James sea apartada del caso penal. Teny Geragos, que representa a Winston Lee, presentó una moción en el tribunal del condado de Tompkins y argumentó que los comentarios de James «prejudiced grand jurors». También sostuvo que la fiscal general había prejuzgado el caso «despite not having examined a shred of evidence».
Andrew Miltenberg, abogado de Gillio Lopes, también pidió que James sea removida de la investigación. Su planteamiento fue que una cosa es mostrar compasión por una presunta víctima y otra distinta es hablar de un caso de alto perfil antes de revisar las pruebas.
James respondió en un debate contra la republicana Saritha Komatireddy que sus comentarios demostraban «empathy». Añadió que «what we need now more than ever in our body politics is more empathy». Su oficina, por separado, dijo que la fiscalía está comprometida con una revisión integral guiada por «nothing but the facts, the evidence and the law».
Hochul nombró a James tras decir que había perdido confianza en el manejo del caso por parte del fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten. Cornell, por su parte, apoyó la designación de un fiscal especial y aceptó además una revisión independiente de su propia actuación.
El punto de fondo es simple. Cuando la máxima autoridad legal del estado habla antes de investigar, el costo no es abstracto. Se erosiona la confianza pública, se complica la credibilidad del proceso y se abre la puerta a la sospecha de doble vara. Si la investigación debe sostenerse sobre hechos, evidencia y ley, empezar con un mensaje de respaldo al denunciante antes de abrir el expediente solo alimenta el relato de que el aparato estatal ya tomó partido. Que no te lo cuenten.
