Lindsay Clancy lloró de forma audible en la sala. Ocurrió mientras la médico forense Kimberly Springer describía la autopsia de Callan, el hijo menor de la acusada. Ocho meses tenía el bebé.
Springer fue interrogada durante aproximadamente 20 minutos. Clancy, vestida con una blusa marrón clara de manga larga, sollozó durante casi toda la declaración. El juez William Sullivan decretó un receso alrededor de las 9:45 de la mañana, antes de la hora prevista.
La forense y el jurado vieron fotografías del procedimiento. Sullivan había ordenado previamente que esas imágenes no fueran públicas. Callan presentaba abrasiones en el cuello y en la cabeza. También tenía marcas de punción donde el hospital intentó insertar fluidos intravenosos. Los médicos lograron reactivar su corazón. Estuvo tres días con soporte vital. Luego fue declarado con muerte cerebral.
Clancy está acusada de estrangular a sus tres hijos con bandas de ejercicio en su casa de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023. Las víctimas: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan. Después del crimen, según la acusación, se cortó las muñecas y el cuello y se arrojó desde una ventana del segundo piso. Quedó parcialmente paralizada. Hoy comparece en silla de ruedas.
La fiscalía sostiene que Clancy planificó los crímenes con cuidado. Alega que estaba agotada de cuidar a sus hijos. Su defensor, Kevin Reddington, pedirá la absolución por razón de locura. Argumenta que la acusada sufría psicosis posparto severa y escuchaba voces.
El expediente respalda un historial de crisis. Clancy fue hospitalizada dos veces antes de los hechos por pensamientos suicidas. Según testimonios, informó a su entonces esposo Patrick Clancy y a su madre sobre pensamientos de hacerles daño a los niños. En su diario escribió sobre su tormento interno. Consignó que quería morir al escuchar llorar a Callan durante el entrenamiento de sueño. Escribió que estaba «desesperada por tener un descanso mental del cuidado de todos».
El juicio comenzó la semana pasada en el tribunal del condado de Plymouth.
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Este caso enfrenta al sistema con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal cuando el Estado no intervino a tiempo ante señales claras de colapso? Clancy alertó a su familia. Fue hospitalizada. El aparato de salud mental la dejó regresar a casa.
Nadie discute la tragedia de tres niños muertos. Pero el juicio también pone en el banquillo a un sistema que prefiere tratar los síntomas con formularios que con soluciones reales. Que no te lo cuenten.
