Un nuevo informe advierte que los hogares estadounidenses podrían pagar en promedio $1.465 más por año en costos de energía si prosperan las demandas climáticas «anti-energía» contra petroleras y gasíferas.
La estimación fue elaborada por E.J. Antoni, economista jefe de Heritage Foundation, y Daniel Turner, fundador de Power The Future. Fox News Digital dijo que obtuvo el análisis antes de su publicación.
Según el reporte, cientos de demandas y otras leyes estatales de «climate superfund» podrían elevar el precio de la gasolina, la electricidad y otros bienes cotidianos que dependen de la energía. Antoni sostuvo que, si la «izquierda radical» consigue su objetivo, «sus costos van a subir» y la energía se volverá «mucho más cara».
El informe calcula que las empresas de energía podrían enfrentar $194.000 millones adicionales en costos anuales. Los autores sostienen que ese golpe no se quedaría en las compañías ni en sus accionistas. Se trasladaría a los consumidores mediante precios más altos.
Entre las cifras que maneja el análisis aparecen 41 centavos más por galón de gasolina y un aumento de 8,6% en las tarifas residenciales de electricidad. Turner dijo que cada vez que una empresa es demandada, paga daños, pero luego recupera esas pérdidas cobrando más por su producto.
El estudio examinó más de 300 demandas pendientes, tres leyes estatales de «climate superfund», 12 propuestas legislativas estatales y un proyecto federal. La estimación corresponde a un escenario de «éxito total» de esas medidas; el propio reporte aclara que no predice que todas vayan a imponerse.
La discusión llega mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar el próximo mes una demanda muy seguida de Boulder, Colorado, que podría moldear el futuro de la litigación climática.
Aquí está el punto de fondo: cuando la burocracia y la litigación se convierten en política energética, el que paga no es el activista. Paga la familia que enciende la luz, llena el tanque y hace la compra. Otra vez la doble vara.
Si estas demandas avanzan, el aparato estatal y el ecosistema de litigio celebrarán una victoria ideológica. Pero la factura, como siempre, terminará en manos de los contribuyentes y consumidores. Que no te lo cuenten.
