Cincuenta y cuatro minutos. Ese fue el tiempo que Roger Rogoff ejerció como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington antes de que el gobierno de Trump lo despidiera.
Rogoff no fue nominado por el Senado. Fue designado por un panel de jueces de distrito, entre ellos nombramientos demócratas y republicanos, que votaron unánimemente a su favor. La ley federal contempla ese mecanismo: cuando el Departamento de Justicia no cubre una vacante en 120 días mediante un interino, el tribunal local puede nombrar un reemplazante «hasta que la vacante sea cubierta».
Ahí está el nudo del asunto.
Rogoff argumenta que esa frase lo protege. Dice que solo puede ser removido cuando el Senado confirme a un sucesor permanente. Permitir lo contrario, según él, le daría al Ejecutivo una herramienta para evitar la confirmación senatorial de forma indefinida.
El Departamento de Justicia no comparte esa lectura. «El tribunal de distrito no coordinó con el DOJ en esta selección», declaró un portavoz a Fox News Digital. «Esto está completamente dentro de la autoridad del presidente».
Rogoff lo sabía de antemano. Según la fuente, el juez reconoció que la administración podía despedirlo de inmediato. Aun así, aceptó el cargo y presentó lo que se cree es la primera demanda de este tipo en la historia del país.
El trasfondo legal importa. La Corte Suprema acaba de emitir decisiones divididas sobre el poder presidencial de despedir funcionarios. Confirmó la autoridad de Trump para remover a una comisionada de la FTC. Pero frenó su intento de destituir unilateralmente a un gobernador de la Reserva Federal. La línea entre agencias independientes y fiscales designados judicialmente está lejos de ser clara.
Rogoff acumuló 20 años como fiscal estatal y seis como federal antes de convertirse en juez estatal. No es un activista recién llegado. Es un operador del sistema que conoce sus reglas y decidió usarlas.
La lectura de Contrafuego. El caso es genuinamente novedoso y merece seguimiento. Pero el ángulo que conviene no perder de vista es este: cuando el Ejecutivo y el Senado no resuelven una vacante en tiempo y forma, el aparato judicial llena el hueco por su cuenta. Eso tiene consecuencias. Un fiscal nombrado por jueces, sin confirmación democrática, tampoco es el ideal del estado de derecho. El problema no empieza con el despido. Empieza con la vacante que nadie quiso cubrir.
Que no te lo cuenten.
