El jurado que condenó a Karmelo Anthony a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf nunca supo todo lo que el fiscal tenía en la mano.
El asistente del fiscal del condado de Collin, Wirskye, presentó el jueves una serie de pruebas que jamás llegaron al estrado. Entre ellas, una declaración de una exnovia de Anthony ante un subdirector escolar, fechada el 2 de abril de 2025, en la que afirmaba que él la estaba «acosando» y que estaba «obsesionado» con pistolas y cuchillos.
Eso no es todo. Horas antes de apuñalar a Metcalf, Anthony le envió a esa misma exnovia una foto del cuchillo con el mensaje: «I'm low-key on the verge». En español: estoy a punto de estallar.
Nada de eso llegó al jurado.
Un acuerdo que cerró la puerta a ambos lados
La razón fue un pacto entre fiscalía y defensa para excluir el historial de conducta de ambos involucrados y concentrarse únicamente en los hechos del día del crimen. El propio Wirskye reconoció que fue él quien propuso el acuerdo: «Ofrezcamos dejar de lado el carácter histórico y quedarnos con los hechos, lo que ocurrió bajo la carpa».
El trato también significó que el expediente juvenil de Metcalf quedara fuera del proceso. Wirskye describió ese registro como grafitis que calificó de «material racista repugnante», aunque no ofreció detalles adicionales. Su cálculo, según explicó, era evitar que las tensiones raciales que ya complicaban el caso se desbordaran aún más.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Anthony fue el agresor desde el inicio. Testigos declararon que en un momento dado metió la mano en su bolsa y advirtió: «Tócame y verás lo que pasa».
Apelación en marcha, juez removido
Anthony fue condenado por asesinato y sentenciado a 35 años. Sus abogados apelaron la condena y argumentaron que el juez original debía ser apartado del caso. El miércoles, el tribunal determinó que el juez Roach será removido de la apelación; el juez retirado Chitty quedará a cargo de revisar la moción de nuevo juicio.
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Que no te lo cuenten. El sistema funcionó dentro de sus propias reglas: un acuerdo procesal, tomado por adultos con toga, decidió qué podía saber el jurado y qué no. El resultado fue una condena de 35 años, sí, pero construida sobre una versión recortada de los hechos.
El problema no es solo este caso. Es el principio: cuando la evidencia se negocia antes de llegar al estrado, la justicia deja de ser un proceso de búsqueda de la verdad y se convierte en un ejercicio de gestión de narrativas. Los ciudadanos merecen saber qué se les ocultó y por qué. Ahora lo saben.
