Long Beach, California, se prepara para eliminar más de 260 empleos y suprimir otras 200 posiciones vacantes para cerrar un déficit presupuestario de 58 millones de dólares. El plan, presentado por el administrador municipal Tom Modica, corresponde al presupuesto 2026-27 de 4 mil millones de dólares y representa la primera ronda de despidos en el fondo general en casi seis años.
Las causas son las de siempre en la California progresista: costos laborales desbocados, pagos legales abultados, ingresos fiscales más débiles y la pérdida de subsidios federales. El resultado: aproximadamente el 4% de los casi 6,000 empleados de la ciudad en la calle.
Los recortes tocan seguridad pública, bibliotecas y programas juveniles. El departamento de bomberos perdería la Estación 14, con un ahorro de 3.8 millones de dólares. La policía eliminaría 17 plazas de patrulleros vacantes y 18 puestos de investigadores, además de recortar 2.68 millones en horas extra. El Departamento de Salud, que ya perdió 11 millones en financiamiento externo, suprimiría 79 posiciones, incluyendo ocho en la oficina de atención a personas sin hogar.
Los vecinos también sienten el ajuste: cinco bibliotecas reducirían horario a cinco días por semana, se cancelarían programas juveniles en el parque Chavez y clases de natación de verano, y las tarifas de estacionamiento subirían de 2 a 3 dólares por hora.
La ciudad ya consumió 27 millones de sus reservas, dejando apenas 33.6 millones. Y el horizonte no mejora: se proyecta otro déficit de 27.3 millones para el año siguiente. El alcalde Rex Richardson quiere recuperar 70 posiciones usando ingresos de la Medida ER y otros mecanismos, pero el presupuesto final no se vota hasta finales de septiembre.
Richardson asegura que Long Beach estará en superávit estructural para 2028. Que no te lo cuenten como un logro: llegar a ese punto requiere años de déficits acumulados, reservas agotadas y servicios recortados.
La lección es simple y la burocracia se niega a aprenderla. Cuando el gasto público crece sobre la base de subsidios federales y deuda laboral, no es sostenibilidad: es un préstamo que alguien más paga. En Long Beach, ese alguien es el vecino que ahora verá su biblioteca cerrada dos días a la semana y pagará más por estacionar. El aparato estatal creció cuando el dinero llegaba fácil; ahora que escasea, los primeros en perder son los ciudadanos, no la clase política que tomó las decisiones. Otra vez la doble vara.
