Cuando Karen Bass ganó la alcaldía de Los Ángeles en 2022, la ciudad contaba con aproximadamente 42.000 personas sin hogar. Hoy, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), esa cifra supera las 45.000, un aumento del 7,6%. La propia Bass reconoció durante su campaña de reelección: «Heredé un desastre. La indigencia estaba fuera de control».
El problema no fue falta de dinero. Entre los presupuestos de 2022-23 y 2025-26, la ciudad destinó cerca de 4.400 millones de dólares a atender la indigencia, lo que equivale a unos 100.000 dólares por persona sin hogar al momento en que Bass asumió el cargo. Si los indigentes de Los Ángeles formaran su propia ciudad, superarían en tamaño a casi el 60% de las ciudades de California.
Uno de los factores centrales del fracaso, según el análisis publicado en el New York Post, es que las políticas partieron de supuestos equivocados sobre la salud mental y el consumo de sustancias. En 2019, LAHSA sostuvo que solo el 29% de los indigentes del condado tenía una enfermedad mental grave o un trastorno por consumo de sustancias. Estudios del Journal of the American Medical Association (JAMA) cuentan otra historia: el 37% consume regularmente metanfetaminas, opioides sin receta o cocaína; casi el 20% ha sufrido una sobredosis; alrededor del 42% reporta haber bebido en exceso antes de quedar en situación de calle, y el 49% admite haber consumido drogas regularmente antes de esa situación.
California adoptó en 2016 el principio de «vivienda primero», que prioriza colocar a los indigentes en vivienda permanente sin exigir sobriedad ni tratamiento. El costo de construir esa vivienda ha resultado desorbitante: un proyecto en Venice se estima en 1,24 millones de dólares por unidad; otro en Santa Mónica supera el millón por unidad sin contar el valor del terreno. Según los cálculos del autor, solo alrededor del 7% de los hogares estadounidenses podría costear esas unidades a precio de mercado.
A eso se suma el desastre institucional. En junio de 2026, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) suspendió a LAHSA de futuras transacciones federales, citando presuntas certificaciones falsas, controles financieros inadecuados y salvaguardias deficientes ante conflictos de interés. LAHSA disputa las acusaciones y el asunto está en litigación. Un análisis de 2020 sobre quienes salieron de viviendas de apoyo permanente financiadas con fondos federales reveló que el 25% murió mientras estaba inscrito en el programa.
La zona conocida como Skid Row abarca unas 54 manzanas del centro de LA con una tasa de homicidios 17 veces superior a la del resto de la ciudad. Aproximadamente un tercio de los incendios en Los Ángeles están relacionados con personas sin hogar, y alrededor del 15% de las llamadas policiales también.
Que no te lo cuenten: esto es lo que sucede cuando la burocracia reemplaza los resultados como medida del éxito. Cuatro mil cuatrocientos millones de dólares del contribuyente fluyeron por agencias con controles tan débiles que el fraude pasa desapercibido, mientras el número de indigentes crece y los programas de «reducción de daños» se asocian, según estudios revisados por pares, con más sobredosis y más muertes. El relato de que más gasto público resuelve problemas sociales complejos se cayó solo en las calles de Los Ángeles. Lo que quedó en pie es la burocracia.
