Because lawmakers have spent too much year after year, America’s gross national debt now exceeds $40 trillion. Y, aun con esa cifra, Washington sigue reservando una parte del dinero de los contribuyentes para una élite muy exclusiva: los expresidentes.
Bajo el Former Presidents Act, el Tesoro financia pensiones, personal, espacio de oficina, equipo, comunicaciones y otros gastos. Es un sistema nacido en 1958, cuando se dijo que Harry Truman tenía problemas financieros. Décadas después, los registros de su patrimonio mostraron que era, en realidad, un one percenter, con una riqueza equivalente a más de $90 million hoy.
Desde 2000, los contribuyentes han gastado un estimado de $135 million, ajustado por inflación, en asignaciones y beneficios para expresidentes. Esa cifra no incluye el Servicio Secreto ni otros gastos de seguridad que no se reportan públicamente. Tampoco incluye el costo de operar las bibliotecas presidenciales administradas por la National Archives.
El propio texto señala que el Presidential Center de Barack Obama no es una biblioteca; sus registros están almacenados y disponibles digitalmente en una instalación existente de Archives, lo que ahorra a los contribuyentes cerca de $3 million al año.
Cada expresidente recibe además una pensión anual equivalente al salario de un secretario de gabinete: $253,100 en 2026. Biden también es elegible para una pensión separada del Congreso por sus 36 años en el Senado y ocho años como vicepresidente, con un beneficio que arranca en $166,374. Sumadas, esas dos pensiones podrían darle beneficios de retiro financiados por contribuyentes que superan el salario anual de $400,000 del presidente en funciones.
Gran parte del gasto restante va a oficinas y personal. La ley garantiza un «suitable office space» en un lugar elegido por cada expresidente, sin límite en el alquiler. Eso deja a los contribuyentes pagando oficinas en zonas caras como Washington, D.C. para Obama, Harlem en Nueva York para Clinton y Dallas para George W. Bush.
El resultado es difícil de justificar frente a la riqueza de los beneficiarios. Las estimaciones citadas sitúan el patrimonio de los expresidentes vivos en unos $10 million para Biden, $40 million para G.W. Bush, $70 million para Obama y $120 million para Clinton. Trump figura con una fortuna estimada en $5.4 billion.
Además, los expresidentes pueden ganar millones con discursos, libros y negocios privados. Biden, por ejemplo, habría recibido un adelanto de unos $10 million por sus memorias, y el acuerdo de producción de Obama con Netflix fue estimado en más de $50 million.
En ese contexto, la propuesta de Joni Ernst para modernizar el Presidential Allowance Act apunta en la dirección correcta: una pensión de $200,000 al año, ajustada por inflación, y una asignación adicional de hasta $200,000 para oficina y gastos relacionados. También reduciría dólar por dólar esa asignación cuando el ingreso externo del expresidente supere $400,000.
La cuestión de fondo es más simple: si el gobierno federal pide recortes, disciplina y sacrificio a los ciudadanos, no puede seguir blindando privilegios vitalicios para quienes ya viven holgadamente. Otra vez la doble vara. El dinero de los contribuyentes no está para mantener comodidades de la casta, sino para cubrir funciones limitadas del Estado y no un aparato de beneficios que se estira por décadas.
