El Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela que había ordenado al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso pedir disculpas por el acto religioso de la posesión del 7 de agosto. En primera instancia, esa tutela sí había exigido disculpas al mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez.
Según la decisión revelada por Semana, los magistrados consideraron que la tutela era improcedente. Dijeron que no se presentó un derecho de petición para pedir rectificación, retractación o aclaración sobre las manifestaciones religiosas de la ceremonia. También concluyeron que la sesión del Congreso en pleno no fue convocada para adherir a una religión en específico ni para perjudicar una creencia, religión o iglesia.
El tribunal además sostuvo que hubo representantes de varias religiones y que ninguno invitó a adherir a sus convicciones ni rechazó a personas «pertenecientes a otros cultos o no creyentes». Y añadió que la posesión, al ser una convocatoria del Congreso, «representa la voluntad popular» y admite la participación de personas e instituciones que piensan diferente.
Pero el punto de fondo no es solo esa tutela. El caso vuelve a mostrar una dinámica que, desde el arranque del Gobierno, se repite con obstinación: cada decisión termina en los estrados. Ha ocurrido con los bombardeos a campamentos de grupos armados, con la fumigación aérea de cultivos ilícitos y con la exposición de cadáveres en bolsas por parte del presidente De la Espriella.
El abogado Alfonso Portela atribuyó ese fenómeno a la polarización política. Dijo que cualquier evento con alcance jurídico se activa de inmediato por la vía judicial. También señaló que, en un Estado de derecho polarizado, las actuaciones administrativas y los hechos políticos se judicializan con rapidez.
Oscar Santamaría fue más directo. Dijo que se está acudiendo a los jueces constitucionales para trabar el manejo que el presidente le da al Estado y para no dejarlo gobernar. Según él, eso responde al cambio de gobierno y de postura ideológica.
La lectura es clara. Cuando el poder político convierte cada decisión en una batalla institucional, el costo no lo paga la casta: lo paga el país. Se frena la acción del Gobierno, se alimenta el choque permanente y se sustituye el mandato democrático por una guerra de tutelas y obstáculos.
Que no te lo cuenten. El problema no es solo jurídico. Es de gobernabilidad. Y cuando el Estado se acostumbra a gobernar entre amparos, la libertad de actuar se encoge, la autoridad se diluye y la discusión pública se vuelve un laberinto para cualquiera que quiera tomar decisiones.
