La administración Trump emitió citaciones judiciales a cuatro periodistas del New York Times, exigiéndoles testificar ante un gran jurado en una investigación criminal. El caso se origina en una nota del diario sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial —un obsequio de Qatar— y busca que los periodistas revelen sus fuentes gubernamentales confidenciales.
La reacción fue inmediata. ABC, The Washington Post y la Associated Press calificaron las citaciones de «sin precedente» y de extralimitación ejecutiva. El relato se cayó solo.
Basta revisar el historial del presidente favorito de esa misma prensa: Barack Obama. Según la fuente analizada, Obama procesó a más filtradores bajo la Ley de Espionaje que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos. Y lo hizo, en gran medida, en las sombras.
En 2012, el Departamento de Justicia de Obama obtuvo dos meses de registros telefónicos de la Associated Press sin notificación previa de ningún tipo. En 2009, para conseguir una orden judicial sobre los correos, contactos y comunicaciones del periodista de Fox News James Rosen —quien había publicado una nota sobre armas nucleares norcoreanas basada en un informe de inteligencia filtrado— el gobierno lo caracterizó en el affidávit como posible «cómplice o co-conspirador». Rosen nunca fue formalmente acusado, pero el lenguaje criminal permitió a los fiscales acceder a su material sin aviso previo.
Otra vez la doble vara.
La diferencia clave es el método, no la sustancia. Trump actúa a plena luz del día, convencido —según el análisis citado, erróneamente— de que está plenamente justificado. Obama operó en secreto, lo que implica, si cabe, mayor conciencia de estar pisando terreno ilegítimo. Las organizaciones afectadas se enteraron de la vigilancia después de que los registros ya habían sido recolectados.
Cuando se les confronta con estos hechos, muchos demócratas responden que «también fue un problema con Obama». Bien. Pero esa línea roja nunca les impidió votar por él ni añorar su presidencia. Solo cuando Obama salió de la escena pública su conducta pudo volverse «imperdonable».
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Que no te lo cuenten. Las citaciones de Trump plantean preguntas legítimas sobre independencia de prensa y límites del poder ejecutivo. Contrafuego no las defiende. Pero la hipocresía del aparato mediático es parte de la historia, no un detalle menor. Una prensa que encubrió durante años la persecución sistemática de fuentes bajo Obama —y la redujo a nota al pie— no tiene autoridad moral para proclamar el fin de la democracia ahora. El estándar no puede cambiar según el partido del presidente. Si la libertad de prensa es un principio, lo es siempre. Si es una herramienta política, entonces el problema no es Trump ni Obama: es la prensa misma.
