California tiene gobernador, legislatura y ayuntamientos electos. Pero quien conoce Sacramento sabe que hay otra capa de poder, una que rara vez aparece en los titulares.
Los sindicatos de empleados públicos se han convertido en una de las instituciones políticas más poderosas del estado. No solo negocian salarios y pensiones: ayudan a elegir a los funcionarios con quienes luego negocian. Financian campañas, movilizan voluntarios y moldean la política regulatoria. Es un ciclo que se retroalimenta desde hace medio siglo.
El origen legal está bien documentado. En 1968, el gobernador republicano Ronald Reagan firmó la Ley Meyers-Milias-Brown, que otorgó derechos de negociación colectiva a los empleados del gobierno local. Años después, el gobernador Jerry Brown firmó la Ley Rodda para los empleados de escuelas K-14, y luego la Ley Dills para los empleados estatales. Ninguna de esas leyes garantizaba la dominación; simplemente dieron el andamiaje. El resto lo construyeron las cuotas sindicales convertidas en operaciones políticas.
El resultado es una asimetría que no existe en el sector privado. En la empresa, el sindicato y la dirección están en lados opuestos de la mesa. Los Trabajadores del Automóvil no eligen al CEO de Ford. En California, en cambio, los sindicatos públicos suelen ser de las fuerzas más influyentes para decidir quién se convierte en gobernador, alcalde o miembro de una junta escolar. Para cuando comienzan las negociaciones de contrato, ambas partes llevan años trabajando juntas.
Las cifras están en los registros oficiales. Cuando la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC) examinó una década de reportes de campaña y cabildeo, de 2000 a 2009, encontró que solo la Asociación de Maestros de California había gastado más de 211 millones de dólares en política estatal, más que cualquier corporación, asociación empresarial, grupo ambiental u organización ideológica en el estado. El segundo mayor gastador de esa década fue otro sindicato de empleados públicos.
En el sector privado, los costos laborales tienen un límite natural: si suben demasiado, la empresa pierde clientes, se muda o quiebra. En el sector público ese freno no existe. Cuando los costos laborales suben, el gobierno puede subir impuestos, recortar servicios, endeudarse o diferir el problema. Y en 1999, el gobernador Gray Davis firmó el Proyecto de Ley 400 del Senado, ampliando las prestaciones de pensión estatal, una decisión cuyas consecuencias fiscales se empujaron hacia el futuro.
Que no te lo cuenten como si fuera un debate abstracto sobre teoría sindical. Lo que describe este mecanismo es un aparato político que usa el dinero de los contribuyentes para financiar su propia perpetuación en el poder. Los empleados públicos individuales no son el problema; la mayoría son maestros, bomberos y enfermeras que cumplen su trabajo. El problema son las organizaciones que los representan políticamente y que han construido, en palabras del análisis, «una de las máquinas políticas más efectivas y duraderas de la historia de California».
El libre mercado y la democracia representativa tienen un enemigo común: los monopolios de poder que eliminan la competencia y la rendición de cuentas. En California, ese monopolio lleva décadas instalado. La pregunta ya no es cómo llegaron hasta aquí. La pregunta es si alguien tiene voluntad de desmantelarlo.
