Los sindicatos de maestros de Nueva York lanzaron una campaña agresiva —con anuncios en televisión, periódicos y un sitio web dedicado— para presionar a la gobernadora Kathy Hochul a que rechace un programa federal de créditos fiscales para becas educativas. El problema: según investigadores del Manhattan Institute, el programa no drena un solo dólar de las escuelas públicas.
La «One Big Beautiful Bill Act» creó un crédito fiscal federal de hasta 1.700 dólares para contribuyentes que donen a organizaciones sin fines de lucro que otorgan becas. Los fondos provienen enteramente del gobierno federal, sin necesidad de contrapartida estatal o local. Según los autores del análisis, el programa tendría cero impacto sobre los aproximadamente 40.000 millones de dólares que Nueva York destina anualmente a educación K-12, ni sobre los 38.600 millones del presupuesto operativo del Departamento de Educación de la ciudad.
Los sindicatos afirman que el programa vaciaría las escuelas públicas. Sin embargo, los mismos gremios celebraron meses atrás la ley de Educación, Trabajo y Asistencia Familiar de Albany, que garantiza «un aumento mínimo del 2% a todos los distritos» sin importar la matrícula. La doble vara es difícil de ignorar.
La American Federation of Children calculó que unos 2,7 millones de estudiantes neoyorquinos calificarían para recibir fondos del programa, la mayoría de ellos en escuelas públicas. Las becas cubrirían necesidades educativas como programas extracurriculares y tutorías.
Hochul ha expresado su intención de que Nueva York se adhiera al programa. Pero si los sindicatos logran hacerla retroceder, el efecto dominó alcanzaría a otros gobernadores demócratas: hasta ahora solo el gobernador de Colorado, Jared Polis, se ha sumado. La campaña en Nueva York es, en la práctica, una batalla por proxy para los estados azules de todo el país.
Si Hochul cede, los contribuyentes neoyorquinos podrían igualmente reclamar el crédito de 1.700 dólares donando a organizaciones de otros estados. Según Democrats for Education Reform, eso podría enviar más de 1.000 millones de dólares fuera de Nueva York, acelerando la fuga de familias hacia estados con mayor libertad educativa.
El gasto por alumno en la ciudad de Nueva York llegó a 42.000 dólares en el último año escolar, incluso mientras la matrícula se desplomaba. Más burocracia, más presupuesto, menos alumnos: el modelo sindical en su máxima expresión.
Desde Contrafuego lo vemos claro: los sindicatos no defienden a los niños, defienden el monopolio. Un programa que no cuesta nada al contribuyente estatal, que pone dinero en manos de las familias más vulnerables y que amplía la libertad de elección educativa es exactamente lo que la burocracia sindical no puede tolerar. Que no te lo cuenten: el único interés que protegen es el de sus propios afiliados, aunque eso signifique privar a 2,7 millones de niños de una oportunidad real.
