Cora tenía cinco años. Dawson tenía tres. Callan tenía ocho meses. Según el texto, su madre, Lindsay Clancy, los estranguló hasta matarlos con bandas de ejercicio, y la defensa no disputó quién los mató ni cómo fueron asesinados.
Kevin Reddington argumentó que Clancy no debía ser considerada penalmente responsable porque padecía psicosis posparto. El jurado pudo condenarla por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado o homicidio involuntario; también pudo absolverla o declararla no culpable por falta de responsabilidad criminal. En lugar de eso, no alcanzó un veredicto.
Mace afirma que once jurados, según ella, favorecían el veredicto por locura y uno se mantuvo firme. También sostiene que el debido proceso no pertenece solo a la defensa, sino que exige que el Estado termine el trabajo, repita el caso y ofrezca a los hijos de Clancy toda la medida de justicia que el primer juicio no entregó.
La congresista dice haber sufrido depresión posparto después de su segundo hijo y reconoce que la enfermedad mental materna es real, aterradora y requiere tratamiento. Pero insiste en que la enfermedad mental es una explicación, no una excusa. También señala que Clancy ni siquiera fue diagnosticada.
Mace acusa a Reddington de hacer un espectáculo mediático tras el juicio nulo. Dice que fue a televisión nacional y pidió a Trump que considere indultar a su clienta, aunque el presidente no puede conceder clemencia en un delito estatal de Massachusetts. Según el Departamento de Justicia, el presidente no tiene autoridad para indultar una condena estatal.
También afirma que Massachusetts no autoriza actualmente la pena de muerte, pero que eso es una decisión legislativa y que los legisladores pueden cambiarla. Dice que apoya la pena capital para los asesinatos más deliberados y depravados, y la rendición de cuentas pública cuando el Estado aplica su pena más grave.
La doble vara es evidente: una parte del aparato mediático y del activismo ya encontró mil excusas para la acusada, mientras los niños quedaron reducidos a nota al pie. Cuando la compasión se reserva para el victimario y se niega a las víctimas, el mensaje institucional es podrido.
Que no te lo cuenten. Este caso no trata de una pose emocional ni de un circo televisivo. Trata de si una sociedad todavía distingue entre explicar un crimen y excusarlo. Si el sistema no puede proteger esa línea, entonces la burocracia judicial se convierte en una máquina que administra el dolor, pero no hace justicia.
