Los números los pone el régimen, y hay que tomarlos como lo que son: cifras oficiales de un gobierno que no rinde cuentas a nadie. Según el reporte divulgado este jueves por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el suministro eléctrico en el estado La Guaira alcanza una recuperación del 96% tras la rehabilitación integral de 21 subestaciones. El agua potable, en cambio, llega solo al 84% de la red, y las comunidades sin cobertura siguen dependiendo de camiones cisterna.
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon Venezuela el 24 de junio. Más de dos semanas después, el balance oficial eleva a 3.889 los fallecidos, 16.740 los heridos y 17.907 los ciudadanos que permanecen sin vivienda. El número de rescatados se mantiene en 6.462 desde el jueves pasado.
En materia de telecomunicaciones, Rodríguez reconoció que la estatal Cantv trabaja en recuperar la conectividad, pero no ofreció ningún porcentaje de avance. El silencio de la empresa pública contrasta con los datos concretos que sí llegaron desde el sector privado: la embajada de Estados Unidos en Caracas informó que Starlink ha distribuido más de 1.600 kits de conectividad para apoyar a equipos de rescate, personal sanitario y organizaciones humanitarias. Las empresas Digitel y Movistar Venezuela también anunciaron el sábado pasado que trabajan en la recuperación de sus servicios apoyándose en tecnología satelital de Starlink e instalando puntos wifi gratuitos en refugios para damnificados.
En varias comunidades de La Guaira la conectividad sigue siendo limitada o nula.
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Que no te lo cuenten. Mientras el régimen organiza transmisiones en VTV para vender «recuperación», la infraestructura que realmente está funcionando lleva sello privado y, en buena medida, estadounidense. Cantv —la estatal que debería garantizar comunicaciones— no tiene ni porcentaje que mostrar. Starlink sí. Digitel y Movistar sí. La burocracia socialista, como siempre, llega tarde y sin datos.
Casi 18.000 venezolanos sin techo no son una estadística de gestión: son el resultado acumulado de décadas de destrucción institucional. El doble vara es insoportable: el mismo aparato que arruinó las redes de agua, luz y telecomunicaciones durante años ahora se fotografía «recuperándolas» como si fuera un logro. El principio en juego es elemental —un Estado que no puede garantizar servicios básicos en tiempo de paz tampoco puede gestionarlos en una emergencia— y los números de esta tragedia lo confirman sin necesidad de editoriales.
