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Maestra activista de CODEPINK admitió en público que se casó con un gazatí para darle ciudadanía — ahora el gobierno la amenaza con cárcel

El USCIS advirtió que quienes cometan fraude matrimonial «deben esperar ser descubiertos y procesados». Laura Pinho lo dijo ella misma en un webinar.
Imagen ilustrativa
lunes 6 de julio de 2026

Una maestra de danza de los Ángeles que milita en el grupo izquierdista CODEPINK podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares por lo que ella misma describió ante cámara como un matrimonio de conveniencia.

Laura Pinho se casó el 5 de abril con Salem S.E. Abu Amra, residente de Gaza, mediante una ceremonia remota en Utah —uno de los pocos estados que lo permite. Semanas antes, Pinho había organizado una campaña en GoFundMe presentando a Abu Amra como el sostén principal de su familia en Gaza y pidiendo fondos para ayudarlo a sobrevivir la guerra.

El problema legal llegó cuando Pinho habló durante un webinar de CODEPINK titulado «Challenging Zionism In Our Schools», el 16 de junio. Allí explicó su matrimonio como una forma de «igualar el terreno de juego»: «Tengo poder como ciudadana americana. Tengo un pasaporte con el que simplemente nací, y cómo puedo vivir en este mundo si no hago todo esfuerzo para igualar el terreno de juego de cualquier manera que pueda», dijo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no tardó en responder. «Estas personas deben esperar ser descubiertas y procesadas por esta actividad ilegal», declaró el portavoz Zach Kahler al New York Post. «El USCIS está mejorando constantemente sus capacidades de investigación y perseguirá agresivamente a quienes cometan fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios».

El abogado de inmigración y ex fiscal federal Michael Wildes fue más directo: «Puede ser procesada penalmente, enfrentar cargos federales de conspiración. El fraude matrimonial es uno de los cinco delitos más graves que se pueden cometer... El hecho de que alguien sea tan imprudente como para decir que realmente lo hizo lo convierte en algo accionable para que el gobierno federal investigue», señaló, según el Post.

Pinho dio marcha atrás después de que sus palabras circularan. Dijo estar «locamente enamorada» de Abu Amra y explicó que no mencionó ese amor durante el webinar porque su expareja, Derek J. Reid —con quien tiene dos hijos y sigue viviendo bajo el mismo techo—, estaba cerca. Reid, por su parte, declaró a la prensa que no sabía nada del matrimonio y que Pinho «se ha radicalizado».

Abu Amra tiene en sus redes sociales publicaciones que, según la fuente, incluyen un tributo de 2019 al comandante de la Yihad Islámica Palestina Baha Abu al-Atta tras su muerte en un ataque israelí, además de imágenes con rifles y consignas propalestinas. Pinho niega que su esposo tenga vínculos con Hamás.

La maestra también patrocina el capítulo de Students for Justice in Palestine en el Canoga Park Senior High School y ha reconocido incorporar mensajes políticos palestinos en su aula.

Que no te lo cuenten. Aquí no hay ambigüedad ideológica: una empleada pública, pagada con dinero de los contribuyentes californianos, usó su posición y su ciudadanía como herramienta política y lo anunció en voz alta ante una audiencia militante. El aparato del Estado federal —por una vez— respondió con claridad.

El caso ilustra algo más profundo: cuando el activismo radical coloniza las aulas públicas, los costos no son solo pedagógicos. A veces terminan en una investigación criminal. El relato de la «resistencia heroica» tiene un límite donde empieza el Código Penal federal.

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