La senadora María Clara Posada puso bajo la lupa a la JEP con una denuncia que apunta directamente al bolsillo de los contribuyentes. Según sus hallazgos de control político, cuestiona $170.000 millones en arrendamientos y $56.000 millones en viajes.
Posada también señaló contrataciones vinculadas a paraísos fiscales, en un cuadro que, de confirmarse políticamente en toda su dimensión, deja mal parada a una institución creada para administrar justicia en el marco del posconflicto.
El dato no es menor: hablamos de recursos públicos, no de dinero privado. Cuando una entidad de este tamaño termina asociada con cifras de ese volumen, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser de responsabilidad con el gasto.
La frase de Posada es dura, pero no aparece en el vacío. Si una jurisdicción especial se convierte, como ella dice, en «un tribunal de derroche», el problema no es solo contable. Es político y moral: la burocracia pierde legitimidad cuando administra plata ajena con tanta ligereza.
Otra vez la doble vara. A la ciudadanía se le pide aguantar impuestos, trámites y recortes; pero al aparato estatal se le sigue dando margen para multiplicar contratos, viajes y arrendamientos sin rendir cuentas con claridad.
Que no te lo cuenten. El debate de fondo aquí es simple: o el Estado cuida el dinero de los colombianos, o se sigue normalizando una cultura de despilfarro que castiga a quien produce y premia a quien vive del presupuesto.
