La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante la revisión en la Comisión Primera del Senado y aseguró que encontró gastos que, a su juicio, no han sido aclarados.
Entre los rubros que señaló mencionó más de $160.000 millones en el arriendo de un edificio en Bogotá, $56.000 millones en viajes y más de $40.000 millones en defensa jurídica de comparecientes. También dijo que sus derechos de petición no han sido resueltos.
Posada explicó que el presupuesto presentado por la JEP fue de $821.803 millones y que, en un contexto de crisis fiscal, eso debía llamar la atención. Según su relato, preguntó qué iba a funcionamiento, qué a inversión y a qué resultados estaba atado, pero no recibió una respuesta clara.
La senadora también difundió videos de audiencias del macrocaso de secuestro, en los que Timochenko, excomandante de las Farc, habla ante la magistrada Julieta Lemaitre. Timochenko respondió en un trino que divulgar esos videos violaba la ley. Posada replicó que no tenía deber de custodia sobre ese material.
En sus críticas, dijo que hay $56.000 millones en viajes a Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Barcelona y París, y mencionó un viaje de catorce días entre Ámsterdam, París y otro destino europeo. También afirmó que hay viajes registrados dos veces en Secop y que no se sabe quién viajó.
Sobre la defensa jurídica, Posada afirmó que se han pagado $40.365 millones y citó los artículos 37 y 115 de la ley estatutaria, que —según ella— ordenan ese pago solo si los comparecientes demuestran que no tienen recursos. Añadió que, según Forbes, en 2014 la fortuna de las Farc ascendía a 600 millones de dólares.
La senadora sostuvo además que hay otros $30.000 millones, mediante un convenio con el PNUD, para que asuma las sanciones restaurativas. Con eso, dijo, los colombianos están pagando con sus bolsillos lo que les corresponde a los comparecientes de las Farc.
Posada comparó además el presupuesto de la JEP con el de las altas cortes y aseguró que el de las tres altas cortes fue de $638.922 millones, mientras que el de la JEP quedó en $744.659 millones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto le cuesta al país una justicia transicional que sigue sin cerrar cuentas claras. Cuando un aparato estatal maneja cientos de miles de millones, la obligación de explicar cada peso no es opcional.
Y aquí está la doble vara que indigna: a los contribuyentes se les exige financiar todo, pero cuando piden resultados, transparencia y control político, aparecen las excusas. Que no te lo cuenten. El relato se cayó solo.
