ITHACA, NY — Más de 1,000 manifestantes marcharon el lunes en el campus de Cornell University para respaldar a la mujer que alega haber sido violada en grupo por miembros de una fraternidad y para exigir la renuncia del presidente de la escuela.
En la multitud había estudiantes, profesores, vecinos de Ithaca y visitantes indignados. Uno de los carteles decía: «We are all Jane Doe».
Otros lemas fueron «Alcohol is not consent» y «Support survivors, listen to students». Algunos incluso pidieron violencia contra los acusados, conocidos como los «Cornell 7».
La mujer, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, dijo que en octubre de 2024 la sedaron con ketamina y alcohol antes de someterla a un «orgy of rape» de horas al que no pudo resistirse por su estado de intoxicación.
Varias personas hablaron ante la multitud para exigir que las fraternidades sean expulsadas del campus de Ithaca, Nueva York, y para pedir la renuncia del presidente Michael Kotlikoff por la forma en que Cornell manejó las denuncias. Según la cobertura, dos de los siete hermanos fueron expulsados, pero nunca se presentaron cargos penales.
Entre los gritos de la concentración se escuchó: «F–k Kotlikoff! Justice for Jane Doe. Kotlikoff has to go. Justice for Jane Doe! All the frats have got to go!». Otros manifestantes pidieron revocar los diplomas de los acusados que ya se graduaron y expulsar a quienes siguen en el campus.
También exigieron una revisión del proceso disciplinario universitario sobre agresión sexual. Los organizadores plantearon una investigación externa sobre la administración de Cornell y el regreso a un sistema judicial independiente dentro del campus.
Uno de los estudiantes, Jack Huber, de 19 años, dijo que le diría a Doe que es «increíblemente valiente» y sostuvo que los siete hombres deberían enfrentar tribunales penales. Añadió: «Cornell no está interesada en la justicia».
Ninguno de los jóvenes acusados ha sido imputado penalmente. La investigación se cerró temprano tras una pesquisa inicial del campus police y sin seguimiento del fiscal del condado. La policía de Ithaca nunca fue notificada de las denuncias reportadas por la mujer.
No fue hasta que la mujer presentó una demanda contra la universidad y los hombres el mes pasado que la indignación creció lo suficiente como para que el fiscal aceptara reabrir la investigación, al decir que no conocía toda la información incluida en la demanda.
Cornell queda ahora atrapada entre la presión pública y el costo reputacional de un sistema interno que, según sus críticos, no respondió a tiempo. Cuando una universidad convierte la justicia en burocracia, el resultado suele ser el mismo: más desconfianza, más rabia y menos credibilidad institucional.
El caso también deja una lección incómoda para la casta académica: las consignas no reemplazan procedimientos serios, y el relato de protección no sirve si la respuesta termina en cero cargos y una investigación reabierta por vergüenza pública. Que no te lo cuenten.
