El juicio de Lindsay Clancy todavía no ha comenzado. Y ya es una herida abierta.
Desde el lunes, más de 250 candidatos a jurado han sido excusados en Plymouth County Superior Court. Muchos salieron llorando. Uno, que ya había sido seleccionado, pidió ser retirado el miércoles. «Simplemente no sé si puedo con esto», dijo ante el juez William Sullivan.
El caso es brutal por definición. Clancy, de 35 años, está acusada de usar bandas elásticas de ejercicio para estrangular a sus tres hijos: Dawson, de 3 años; Cora, de 5; y Callan, de 8 meses. Ocurrió en enero de 2023, en el sótano de la casa familiar en Duxbury, Massachusetts. Después intentó suicidarse. Se cortó las muñecas y la garganta. Se lanzó por la ventana del segundo piso. Sobrevivió. Quedó parapléjica. Hoy asiste al juicio en silla de ruedas.
El juez planea seleccionar 18 personas para el jurado. Hasta el miércoles, solo habían sido confirmados diez mujeres y siete hombres. El proceso se espera que continúe el jueves.
La defensa, encabezada por Kevin Reddington, pedirá un veredicto de no culpabilidad por razón de locura. Su argumento: Clancy sufría psicosis posparto severa, agravada por una combinación de medicamentos antipsicóticos recetados por sus médicos. Según Reddington, una voz en su cabeza le ordenó actuar.
La fiscalía tiene otra lectura. Los prosecutors argumentarán que Clancy actuó con lucidez. Que planeó metodicamente cómo sacar a su esposo Patrick de la casa para quedarse sola con los niños. Que hubo premeditación, no psicosis.
El exfiscal Mark Bederow lo resumió sin rodeos: «Cualquier jurado va a querer saber por qué diablos haría esto esta mujer. Llevará una gran dosis de humanidad y compasión superar el acto en sí y enfocarse en su estado mental».
El juicio podría durar hasta dos meses. Se esperan hasta 200 testigos, incluido el esposo. La defensa intentó el martes bloquear el testimonio de más de una docena de policías y bomberos que respondieron a la escena, alegando que ya declararon ante el gran jurado y que repetirlo sería «irreparablemente perjudicial».
La solicitud fue rechazada.
Este caso pone en tensión dos principios que el sistema penal rara vez logra equilibrar bien: la responsabilidad individual y la enfermedad mental real. No hay aquí relato político fácil. Hay tres niños muertos. Hay una madre que sobrevivió destrozada. Y hay un jurado que nadie quiere integrar porque enfrentar ese horror exige algo que ninguna instrucción judicial puede garantizar: aguantar la mirada de lo peor que puede hacer un ser humano y aun así deliberar con frialdad.
Que no te lo cuenten. El juicio más difícil no es el que tiene más pruebas. Es el que obliga a mirar de frente lo que preferimos creer imposible.
