Massachusetts ya tenía una de las legislaciones sobre aborto más permisivas de Estados Unidos, permitiéndolo hasta las 24 semanas. La gobernadora Healey decidió que eso no era suficiente. Esta semana firmó una ley que elimina cualquier límite gestacional al aborto.
Con esa firma, Massachusetts se une a otros nueve estados que ocupan una posición extrema incluso por estándares internacionales. Solo 15 países en el mundo permiten el aborto electivo pasadas las 15 semanas. El 65% de los países que lo permiten lo limitan a 12 semanas o menos.
El relato oficial, claro, no habla de eso. La teniente gobernadora Driscoll presentó la ley como una cuestión de «compasión, apoyo y la capacidad de recibir atención», enmarcándola como acceso a «atención médicamente apropiada cerca del hogar». La burocracia tiene un don para el eufemismo.
Pero algunos médicos que atienden embarazos de alto riesgo no comparten ese marco. La Asociación Americana de OBGYNs Pro-Vida (AAPLOG) afirma sin ambigüedades que los abortos en el tercer trimestre nunca son necesarios: ante emergencias reales —preeclampsia severa, desprendimiento de placenta, sepsis materna— el estándar médico es inducir el parto, no practicar un aborto.
Los defensores del aborto sin límites suelen citar al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) como respaldo científico. Lo que no mencionan es que el propio ACOG aboga explícitamente por «aumentar el acceso al aborto» y ha pedido la derogación de todos los límites gestacionales. No es un árbitro neutral; es un actor político con bata blanca.
El argumento de la emergencia médica tampoco sobrevive al escrutinio cuando se lee la letra chica. El grupo Reproductive Equity Now insiste en que «en ningún punto del embarazo» deben los legisladores determinar cuándo el aborto es permisible, emergencia o no. Y cuando al entonces gobernador de Nueva Jersey Murphy le preguntaron si su ley permitía el aborto «en cualquier punto del embarazo, los nueve meses», respondió: «Correcto».
El debate también alcanza diagnósticos fetales graves pero no terminales. La espina bífida y la trisomía 21 no son sentencias de muerte; muchas personas que nacen con esas condiciones llevan vidas largas y plenas. Sin embargo, la gran mayoría de los embarazos con esos diagnósticos terminan en aborto. Eso ya no es una decisión sobre supervivencia: es un juicio sobre qué vidas merecen vivirse.
Virginia podría seguir el mismo camino. En noviembre, los votantes decidirán sobre una enmienda constitucional que garantizaría que el estado nunca pueda prohibir un aborto en el tercer trimestre que un médico considere necesario para proteger la salud «física o mental» de la mujer. Interpretado con amplitud, eso equivale al aborto por cualquier razón.
Aquí está el principio en juego, y Contrafuego lo dice sin rodeos: cuando los políticos repiten que «las decisiones médicas deben ser entre la paciente y su médico», omiten deliberadamente que hay un segundo paciente en esa ecuación, con latido cardíaco audible y movimientos detectables. Usar a las mujeres como escudo retórico para avanzar una agenda que va mucho más allá de las emergencias no es compasión. Es política disfrazada de medicina. Que no te lo cuenten.
