El representante Thomas Massie anunció el sábado que introducirá una ley para retirar fondos federales a cualquier gobierno local o departamento policial que use las cámaras Flock Safety. El objetivo declarado: fortalecer la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros e intervenciones estatales sin causa.
Flock Safety es una empresa con sede en Atlanta. Sus cámaras inteligentes identifican vehículos por abolladuras, calcomanías y portaequipajes. Desde 2018, la compañía se ha instalado en más de 5,000 agencias policiales en todo el país. Tiene casi 90,000 cámaras activas, según DeFlock, el grupo activista que monitorea su expansión.
El volumen es difícil de ignorar. Miles de millones de lecturas de placas al mes fluyen hacia bases de datos compartidas entre agencias. Los críticos lo llaman vigilancia masiva al estilo «Gran Hermano». No es metáfora: es la descripción funcional del sistema.
Massie fue directo en X: «Pronto patrocinaré un proyecto de ley para retener dinero federal a los municipios y departamentos de policía que usen cámaras Flock para vigilar a ciudadanos respetuosos de la ley». Lo acompañó de una bandera parodia con el lema «don't flock on me».
El contexto importa. Dieciocho agentes en Georgia, incluida una supervisora policial, fueron arrestados por usar el sistema para fines personales. Uno de los casos documentados: rastrear a su propio novio. Eso no es un accidente. Es el abuso que se produce cuando el aparato estatal acumula herramientas sin controles reales.
Flock Safety respondió que el proyecto «tendría consecuencias reales para la seguridad pública». La empresa afirma haber apoyado más de un millón de investigaciones, participado en el 20% de los casos resueltos en jurisdicciones asociadas, y ayudado a localizar más de 10,000 personas desaparecidas. Son cifras que el debate no puede ignorar.
El CEO Garrett Langley describió en el pasado a DeFlock como una «organización terrorista». Luego se disculpó. El episodio dice bastante sobre la cultura corporativa detrás de la herramienta.
Massie se retira del Congreso al término de su séptimo mandato, en enero. Esta puede ser su última gran batalla legislativa.
Desde Contrafuego, el principio es claro. La seguridad pública es una función legítima del Estado. El problema no es la tecnología: es quién la controla, con qué reglas y bajo qué consecuencias. Cuando dieciocho agentes abusan del mismo sistema, la pregunta no es si la herramienta funciona. La pregunta es si el ciudadano tiene alguna defensa real contra el Estado que la opera. El dinero del contribuyente no debería financiar una red de vigilancia sin garantías constitucionales. Eso no es libertarismo extremo. Es la Cuarta Enmienda.
