El escándalo electoral de Nueva Jersey no es una anomalía local. Es la punta de un iceberg que lleva décadas creciendo bajo el agua.
La gobernadora Mikie Sherrill reveló que 6.600 no ciudadanos habían sido registrados para votar a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) del estado. El dato encendió alarmas, pero según Chuck DeVore, director de Iniciativas Nacionales de la Texas Public Policy Foundation, el problema es estructural y se replica en todo el país.
«Esto no es solo un problema de Nueva Jersey. Es un problema nacional», declaró DeVore a Fox News Digital.
El origen del fallo está en la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, firmada por el presidente Bill Clinton y conocida popularmente como la «Ley Motor Voter». La norma obliga a los estados a ofrecer registro electoral en las agencias de vehículos motorizados. El objetivo declarado era ampliar el acceso al voto. El efecto no declarado fue delegar una función electoral crítica en organismos cuya misión histórica es verificar identidad y aptitud para conducir, no ciudadanía.
«La intención era hacer muy fácil registrarse para votar, especialmente cuando tocabas una parte muy común del gobierno», explicó DeVore. Pero añadió que los arquitectos del sistema «no tomaron en cuenta la misión más estrecha» de esas agencias.
Ninguna de las dos funciones tradicionales del DMV —confirmar que eres quien dices ser y que puedes operar un vehículo— tiene relación con la seguridad electoral, subrayó el experto.
La frase más contundente de DeVore apunta directo al incentivo político detrás del problema: «Si las personas a cargo quieren que el mayor número posible esté registrado porque eso crea la materia prima para el fraude electoral, entonces tienes todo un conjunto adicional de problemas que potencian la debilidad».
El conflicto ya llegó a los tribunales. Un juez federal bloqueó el acceso del Departamento de Justicia a los padrones electorales de Nueva Jersey en medio de la controversia. La disputa enfrenta al gobierno federal con estados como Nueva Jersey y Pensilvania por las exigencias de datos de registro de votantes.
El debate de fondo es claro: acceso máximo versus verificación máxima. Y según DeVore, una pluralidad de estadounidenses está «preocupada» por el voto de no ciudadanos.
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Que no te lo cuenten. El relato oficial durante décadas fue que exigir verificación de ciudadanía para votar era «supresión electoral». El resultado concreto de esa narrativa son miles de no ciudadanos en el padrón, un juez bloqueando la supervisión federal y un sistema diseñado, según el propio experto, para maximizar registros sin importar su legitimidad.
La libre empresa y el gobierno limitado no funcionan si los resultados electorales pueden ser manipulados con «materia prima» fabricada desde el aparato estatal. Esa es la apuesta de quienes defienden el Motor Voter tal como está: más burocracia, menos rendición de cuentas, y el fraude como opción siempre disponible.
