Jacob Freytes tenía 12 años y había salido en bicicleta a comprar una pelota en una bodega del barrio Mount Eden, en el Bronx. No llegó a volver a casa. Una bala lo alcanzó en el pecho en medio de un tiroteo que, según fuentes policiales, fue desatado por William Ferrer, de 45 años, para «saldar una cuenta» de su hermano con otros hombres. Jacob murió después en un hospital del Bronx.
Ferrer enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato, homicidio, asalto y posesión ilegal de arma. Si es condenado por el cargo principal, podría recibir cadena perpetua. Dos adultos también resultaron heridos durante el tiroteo: uno en los glúteos y otro en el pie, según la denuncia penal.
El viernes, la familia del niño —incluidos su madre Migdalia Martínez y su padre, el exdetective sargento de la NYPD Jesús Freytes— se presentó en el Tribunal Penal del Bronx para encarar al acusado. Ferrer, que fue trasladado al juzgado por el Departamento de Correccionales, no apareció: su abogado, Raymond Gazer, anuló su comparecencia en el último minuto. El juez Joseph Sorrentino ordenó que permanezca recluido en Rikers Island hasta la próxima audiencia, fijada para el 17 de septiembre.
Migdalia Martínez no guardó silencio. «El sistema trabaja más para el criminal que para la víctima», declaró en entrevista exclusiva con The New York Post. «La ciudad lo está poniendo más fácil para el criminal. Es demasiado. Los criminales ya no tienen miedo; las leyes ya no son duras», agregó.
Las imágenes de seguridad que circularon esta semana lo dicen todo: Jacob observaba la pelea cuando un hombre sacó un arma y abrió fuego. Se ve al niño llevarse las manos al pecho y correr de regreso a la bodega.
Ferrer acumula media docena de arrestos previos, según fuentes policiales.
El relato se cayó solo. Durante años, la burocracia progresista de Nueva York vendió la reforma penal como un avance de justicia social. El resultado está en esas imágenes de seguridad: un niño de 12 años que salió a comprar una pelota y no regresó, mientras el hombre acusado de matarlo ni siquiera tuvo el valor de pararse frente a su familia en un tribunal. Cuando una madre en duelo resume el problema mejor que cualquier comisionado —«los criminales ya no tienen miedo»— es porque el aparato estatal lleva años eligiendo al delincuente sobre la víctima. Esa es la consecuencia real de las leyes blandas: no la paga el funcionario que las firma, la paga Jacob Freytes.
