McKenna West es enfermera, madre soltera de dos hijos y residente en Alaska. Aceptó ser gestante subrogada para una pareja de hombres de California a través de una agencia comercial. A las 20 semanas de embarazo, los médicos diagnosticaron al bebé con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (HLHS), una malformación cardíaca congénita seria pero tratable.
Los datos clínicos son concretos: según el New York Presbyterian Hospital, los bebés con HLHS que reciben las cirugías escalonadas requeridas tienen aproximadamente un 75% de probabilidad de sobrevivir hasta los cinco años, y quienes llegan a esa edad tienen alrededor de un 90% de probabilidad de llegar a la adultez.
West se negó a abortar. Argumentó que la condición era tratable y ofreció asumir ella misma la responsabilidad del niño, liberando a los padres contratantes de toda obligación económica y parental. Según sus propios escritos judiciales, la pareja respondió con amenazas de litigio por 250.000 dólares si no cumplía. La pareja disputa esa versión.
El caso se trasladó a los tribunales de California —jurisdicción considerada mucho más favorable a los acuerdos de subrogación— porque el contrato estipulaba que se regiría por la ley californiana.
No es un caso aislado. En Ontario, Canadá, una situación similar surgió cuando una gestante se negó a abortar un feto de 22 semanas diagnosticado con labio leporino, posible paladar hendido y un defecto cardíaco menor. Los padres contratantes le enviaron una carta jurídicamente redactada solicitando la interrupción. La gestante se negó. El bebé nació con labio leporino y los padres presentaron una demanda alegando, entre otras cosas, que la mujer puso en riesgo la salud del niño al no seguir sus instrucciones.
Aquí está la contradicción que el progresismo reproductivo lleva décadas evitando: si la autonomía corporal de la mujer es un derecho fundamental que ningún Estado —y mucho menos ningún hombre— puede vulnerar, ¿cómo puede ese mismo derecho quedar subordinado a un contrato firmado con una pareja masculina? «Mi cuerpo, mi decisión» y «sin útero, sin opinión» son consignas que California abraza con fervor institucional. Pero cuando el contrato lo firma una pareja de hombres, el relato se cae solo.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: el libre contrato es un pilar de la civilización, pero tiene límites que las sociedades han reconocido siempre. No se puede vender la propia esclavitud. Los órganos humanos no son mercancía aunque comprador y vendedor consientan. La gestación subrogada comercial empuja exactamente hacia ese territorio, y lo hace cargando el costo más alto sobre quien no firmó nada: el niño.
Un bebé no negocia las cláusulas de su concepción. No puede consentir las circunstancias en que llega al mundo ni determinar qué obligaciones le deben los adultos si surge un desacuerdo. Los adultos firman antes del nacimiento; los niños viven con las consecuencias después. Eso no es un argumento contra la familia ni contra quienes sufren infertilidad. Es un argumento para que la ley no trate la vida humana como una línea de producción con cláusulas de devolución.
