El Senado publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a audiencia pública para el 12 de agosto. Treinta postulantes a cargos judiciales deberán presentarse. Entre ellos, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.
No es cualquier tribunal. La Sala I de Comodoro Py define el rumbo de las causas de corrupción más resonantes del país. Hoy tiene en su bandeja la causa $LIBRA, el colapso de la criptomoneda que salpica directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, según lo que documentan las fuentes que siguen el expediente.
El camino hasta aquí fue deliberado. El Gobierno de Milei, con Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, primero anuló un proceso de «solución amistosa» que tramitaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese proceso buscaba regularizar la situación de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados a la Cámara durante el macrismo. Anulada esa negociación, el Consejo de la Magistratura reactivó el concurso. El Gobierno eligió a Yadarola de una terna. También eligió al propio Bertuzzi por sobre Julio Di Giorgio y la fiscal Cecilia Incardona.
Bertuzzi ya ocupa el cargo, pero de forma provisoria. Con Yadarola, el oficialismo completa la sala.
Mientras tanto, esa misma Sala debe resolver por estas horas si ratifica o revoca la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a dos grupos de querellantes en la causa $LIBRA. Si la confirma, la acusación quedará en manos exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano. La Sala también debe pronunciarse sobre el sobreseimiento del ministro de Economía Luis Caputo, investigado por presuntas negociaciones incompatibles relacionadas con el cobro de cerca de 19.000 dólares mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
Los tiempos no son casuales. La audiencia llega cuando los expedientes más delicados para el Gobierno esperan definición judicial.
Que no te lo cuenten. El oficialismo tiene todo el derecho de impulsar designaciones judiciales: así funciona el sistema. Pero la simultaneidad entre la aceleración de los pliegos y las decisiones pendientes en $LIBRA y Caputo es un dato que el ciudadano merece conocer completo. El principio en juego es simple: la independencia judicial no se mide en los discursos. Se mide en los tiempos y en los nombres. El relato de la transparencia republicana tiene ahora una fecha concreta para sostenerse o caerse: el 12 de agosto.
