El Gobierno de Javier Milei puso en subasta dos predios pertenecientes al extinto Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), con un total de 290 viviendas comenzadas y nunca terminadas. El precio base conjunto es de US$11.297.374,58, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
Los inmuebles suman 39.061,87 m² de superficie y se ubican en la provincia de Buenos Aires. Uno está en Junín —149 viviendas con un avance físico aproximado del 70%, paralizadas desde hace casi tres años— y el otro en Mercedes —141 viviendas con cerca del 50% de avance, también suspendidas antes de su finalización.
El Procrear fue creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre de 2024, Milei lo disolvió mediante el decreto 1018/2024, encargando al Ministerio de Economía la liquidación de sus bienes. El Gobierno justificó la decisión al señalar que el programa se había convertido en una «pesada carga para las cuentas públicas» y que la financiación de viviendas debía quedar principalmente en manos de los bancos comerciales.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó el predio de Junín en US$7.433.444,81, aunque la base de subasta quedó fijada en US$7.061.772,57, cerca de un 5% por debajo. Para Mercedes, la tasación oficial fue de US$4.458.528,43 y la base de venta se estableció en US$4.235.602,01.
En Junín, alrededor de 1.850 familias se habían anotado para participar del proceso de adjudicación antes de que las obras se paralizaran. Ese dato resume, sin adornos, el costo humano del relato: promesas masivas, presupuesto ejecutado a medias y llaves que nunca llegaron.
Las subastas se tramitarán de forma electrónica a través de la plataforma COMPR.AR. Para Junín, el plazo de ofertas cierra el 21 de agosto de 2026 a las 12. Para Mercedes, el 24 de agosto de 2026 a la misma hora. Pueden participar personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos del pliego.
Que no te lo cuenten. El Procrear duró doce años, consumió recursos públicos y dejó predios a medio construir en ciudades que esperaban soluciones reales. Ahora el aparato estatal liquida lo que no pudo terminar y devuelve esos activos al mercado —que es, en definitiva, donde debieron haber estado desde el principio. El precio que paga el contribuyente no aparece en el precio base de la subasta: está en las obras inconclusas, en las familias que se anotaron y no recibieron nada, y en el costo de oportunidad de años de burocracia habitacional. La libre empresa no prometió 1.850 viviendas; el Estado sí lo hizo. Y falló.
