Stephen Miller no dejó margen a la interpretación. El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca declaró este viernes, en entrevista con el programa de Clay Travis y Buck Sexton, que la administración Trump está avanzando en una política para excluir a los inmigrantes ilegales del sistema bancario estadounidense.
«El presidente Trump firmó una orden ejecutiva hace unas semanas diciendo que no vamos a permitir que los extranjeros ilegales usen servicios bancarios en este país», dijo Miller. «Los extranjeros ilegales tienen tarjetas de crédito, cuentas bancarias y reciben pagos por depósito directo. Cerrar eso es un motor masivo para la deportación».
La orden ejecutiva en cuestión fue firmada el 19 de mayo y, según la fuente, instruyó a bancos y reguladores federales a aumentar el escrutinio sobre cuentas y solicitudes de crédito de inmigrantes sin estatus legal o autorización de trabajo. El texto no ordenó explícitamente negar cuentas o tarjetas, pero su cumplimiento podría dificultar de forma significativa la participación de esas personas en el sistema financiero.
Las agencias federales ya se pusieron en marcha. A principios de junio, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), encabezada por Russell Vought, emitió una guía que establece que los prestamistas pueden —y en algunos casos deben— considerar el estatus migratorio y la autorización de trabajo al evaluar la capacidad de pago de un solicitante. El 13 de julio, tres agencias federales adicionales emitieron orientaciones recordando a las instituciones financieras bajo su supervisión que apliquen prácticas existentes de gestión de riesgo crediticio al prestar a personas sin autorización legal para trabajar.
Miller lo resumió sin rodeos: la exclusión financiera es el nuevo frente de la política migratoria. No más redadas como único instrumento. Ahora el aparato regulatorio se convierte en palanca de presión económica.
Que no te lo cuenten. Esto no es una medida improvisada: es una estrategia en capas. Primero la orden ejecutiva, luego la guía del CFPB, luego las instrucciones coordinadas de julio. Cada pieza encaja. El gobierno está usando las herramientas del sistema financiero —las mismas que la burocracia progresista ha empleado históricamente para presionar a industrias que no le gustan, desde armerías hasta energéticas— pero ahora orientadas a desincentivar la permanencia ilegal en el país.
El principio es claro: quien no tiene derecho legal a estar aquí tampoco debería poder integrarse plenamente en la economía formal. Quienes defienden lo contrario deberán explicar por qué el acceso al crédito bancario es un derecho sin fronteras mientras la ciudadanía no lo es. El relato se cayó solo.
