El Estado de Nueva York firmó en febrero su Ley de Ayuda Médica para Morir. Desde ese día, las hermanas que cuidan moribundos desde hace generaciones tienen un problema. Un problema legal, con multas incluidas.
El viernes, más de diez demandantes católicos presentaron una demanda federal. Entre ellos: las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Carmelitas para Ancianos e Inválidos, las Pequeñas Hermanas de los Pobres, la Diócesis de Rockville Centre y Catholic Health. Los representa el Becket Fund for Religious Liberty.
La ley permite que mayores de 18 años con enfermedad terminal y pronóstico de seis meses o menos soliciten medicación letal. La condición: deben estar experimentando sufrimiento severo. Hasta ahí, el Estado dice que es una decisión personal.
El problema es lo que exige a los proveedores de salud religiosos. Según la demanda, la ley los obliga a informar a los pacientes sobre el suicidio asistido, a derivarlos a proveedores participantes y, en algunos casos, a permitir el procedimiento dentro de sus propias instalaciones.
La demanda lo dice sin rodeos: «Nueva York ha puesto a las Hermanas ante una elección brutal: o abandonan sus creencias religiosas sobre la santidad de la vida, o enfrentan multas y penalidades significativas».
Los demandantes argumentan tres violaciones. Primera: la Primera Enmienda de la Constitución. Segunda: protecciones federales de salud ya existentes. Tercera: la doctrina católica sobre la vida humana, que no admite participación en su terminación deliberada.
El Arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, calificó la ley de «agresión a la vida» y «pendiente resbaladiza» en declaraciones públicas. La organización Compassion and Choices, que apoya la norma, señala que está basada en la ley de Oregón, vigente desde hace años.
Nadie discute que el Estado puede legislar sobre el final de la vida. La disputa es si puede arrastrar a instituciones religiosas a ejecutar esa política.
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Aquí está el principio en juego. El Estado no se conforma con permitir. Quiere que otros hagan el trabajo. Eso es diferente. Es la diferencia entre tolerancia y coerción.
Las Pequeñas Hermanas de los Pobres ya pelearon contra el gobierno federal por el mandato anticonceptivo del Obamacare. Ganaron en la Corte Suprema. Nueva York parece no haber tomado nota. Ahora el aparato estatal vuelve a elegir el mismo blanco: instituciones que cuidan a los más vulnerables, sin subsidios ideológicos, con siglos de servicio encima. La burocracia llama a eso «participación». Nosotros lo llamamos por su nombre: chantaje con forma de ley.
