Enrique Inzunza tiene acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Específicamente, con Los Chapitos. Aun así, sigue siendo senador de la República. No ha pisado la Ciudad de México para cumplir sus funciones. Participa en reuniones de la Comisión de Justicia de forma remota.
Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, explicó por qué no lo han retirado. Su argumento: no existe sentencia ni procedimiento formal en su contra. Según Mier, sin eso, «la mesa directiva no puede retirarlo del cargo». Solo si llegaran pruebas y comenzara un caso «cabría la posibilidad de la licencia».
El problema es el tiempo. Casi 100 días han pasado. Las pruebas que prometió entregar Estados Unidos no han llegado. Morena lo sabe. Y espera.
Inzunza estaba inscrito en la Comisión Permanente. Tampoco fue. Mier lo justificó sin rodeos: «por estrategia del grupo parlamentario». Dijo que él, como coordinador, decide quién va y quién no según «agenda legislativa y agenda política». El senador acusado de narcovínculos quedó fuera por decisión política. No por sanción. No por licencia. Por conveniencia.
El propio Inzunza anunció que será su propio abogado en cualquier proceso que abra Estados Unidos. Aún no hay proceso formal. Aún no hay pruebas entregadas. Aún cobra.
Aquí el relato se cae solo. Morena lleva meses exigiendo pruebas a Washington como condición para actuar. Es una inversión de la lógica básica: el partido en el poder protege a uno de los suyos mientras el estándar de evidencia sube hasta hacerse inalcanzable. No es presunción de inocencia. Es blindaje político con lenguaje jurídico.
Un senador acusado de vínculos con el narco más poderoso del país sigue en nómina, sigue en comisiones y sigue sin rendir cuentas presenciales. El aparato de Morena no lo suspende, no lo investiga, no lo confronta. Lo administra. Eso tiene un nombre: doble vara. Para el ciudadano común, la ley es inmediata. Para el cuadro morenista, la ley espera. Que no te lo cuenten.
