Morena presentó una iniciativa para prohibir la cirugía estética electiva en menores de 18 años, salvo casos excepcionales ligados a la salud. La propuesta fue impulsada por el senador Miguel Ángel Yunes, quien planteó cambios a la Ley General de Salud.
La iniciativa define la cirugía estética electiva como toda intervención quirúrgica con fines exclusivamente cosméticos. Es decir, no orientada a prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, ni a restaurar función o integridad anatómica alteradas por malformación congénita, accidente, enfermedad o sus secuelas.
Yunes sostuvo que la modificación legal es necesaria para proteger a la niñez. También señaló la normalización del discurso de la modificación corporal con fines estéticos entre menores, asociada al éxito y empujada por la influencia de redes sociales.
El legislador afirmó además que México enfrenta este desafío con alta exposición. Dijo que, además del volumen interno de procedimientos, el país se ha consolidado como destino de turismo estético, con paquetes «todo incluido» y mercadotecnia intensa en redes. Añadió que reportes sectoriales lo sitúan entre los primeros lugares mundiales y con una proporción relevante de pacientes internacionales, lo que expande el mercado y, lamentablemente, las prácticas irregulares.
La propuesta sí abre la puerta a procedimientos en menores cuando haya razones reconstructivas o funcionales. Eso incluye casos derivados de malformación congénita, trauma o enfermedad que comprometa función orgánica, desarrollo psicosocial o salud mental.
En esos supuestos, el proyecto exige salvaguardas. Habrá valoración multidisciplinaria por especialistas en cirugía plástica y reconstructiva con certificación vigente, pediatría y salud mental infantil o adolescente. Además, se pedirá un dictamen razonado y por escrito, una segunda opinión independiente de un cirujano plástico y reconstructivo con experiencia en el procedimiento y población pediátrica, y un plazo de 30 días de reflexión tras recibir la valoración médica.
Más allá del caso concreto, el punto de fondo es otro: el Estado vuelve a poner el bisturí bajo su lupa. La discusión toca a menores, pero también al mercado de la cirugía estética, a la presión de redes y a la frontera entre libertad individual y protección de quienes todavía no pueden medir bien el riesgo.
Que no te lo cuenten. Otra vez la doble vara: cuando hay negocio, la burocracia suele mirar a otro lado; cuando explota el escándalo, llega el aparato estatal con candados, dictámenes y plazos. Aquí el debate no es solo médico. También es cultural y regulatorio. El relato se cayó solo.
