Las exintegrantes de Kappa Kappa Gamma preparan su regreso a la corte federal en Denver, Colorado, para presentar argumentos orales en su pleito contra la sororidad. La demanda gira en torno a la admisión de un estudiante masculino que se identificó como transgénero en la organización femenina de la Universidad de Wyoming.
Allie Coghan, explaintiff en Westenbroek v. Kappa Kappa Gamma, afirma que la membresía del estudiante masculino fue impuesta sin el consentimiento del grupo. Según su relato, la primera votación del capítulo concluyó que un hombre no pertenece a una sororidad; después, el proceso volvió a realizarse bajo condiciones que ella describe como fuera del protocolo, con nombres y correos electrónicos vinculados a los votos.
Coghan sostiene que algunas integrantes no estaban en casa cuando se hizo esa segunda votación. También dice que algunas alumnas se sintieron presionadas con una elección implícita: aceptar a ese individuo o enfrentar consecuencias. La consecuencia, según su versión, fue un ambiente incómodo en espacios íntimos reservados para mujeres.
En su texto, Coghan afirma que varias de sus compañeras habían sufrido agresión sexual o abuso previamente, y que su incomodidad no fue tomada en cuenta. También dice que los adultos que pudieron haber intervenido eligieron guardar silencio.
La disputa ahora llega al Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos. Coghan asegura que el objetivo es que Kappa Kappa Gamma cumpla sus estatutos y reconozca lo que es una mujer. En su argumento, la organización traicionó valores que dice defender: verdad, respeto y liderazgo pionero.
Más allá del litigio concreto, el caso expone una realidad que muchas instituciones quieren barrer bajo la alfombra: cuando la burocracia decide ignorar límites claros, el resultado es la pérdida de confianza y de seguridad para las mujeres afectadas. No se trata de consignas; se trata de espacios privados, reglas internas y consentimiento.
Otra vez la doble vara. Las instituciones que se presentan como guardianas de la inclusión suelen exigir obediencia total cuando el costo recae sobre mujeres jóvenes, privacidad femenina y asociaciones que fueron creadas con un propósito específico. El relato se cayó solo: si una sororidad deja de ser una sororidad, el problema no es semántico. Es de principios.
