Dafne Zapata Quintos tenía 13 años. Murió durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión. La Fiscalía estatal investiga los hechos como presunto feminicidio. Su madre, Alejandra Quintos, sostiene que Dafne fue víctima de tortura y maltrato durante su estancia en el campamento.
Un juez ya vinculó a proceso a Danna Yanina «N», de 18 años, quien se desempeñaba como instructora auxiliar en la Academia Doenitz y es la primera persona procesada en la investigación. La familia insiste en que existen más personas involucradas y exige que las indagatorias continúen.
Tras la difusión del caso, exalumnos y familiares presentaron denuncias adicionales sobre presuntas prácticas de violencia y castigos dentro de esa academia. Alejandra Quintos pidió directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum: «Le hablo como madre, de mujer a mujer, le suplico agarre a los culpables, mire los días que han pasado, para mí es una pesadilla».
La respuesta institucional llegó en varios frentes. La presidenta Sheinbaum reiteró que la Academia Doenitz no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que es una institución privada. La SEP aclaró que la modalidad de «educación militarizada» no está autorizada para escuelas de educación básica y que solo se imparte en instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Mientras tanto, la senadora de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa anunció que el Senado revisará el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar. El detalle que lo dice todo: esa norma fue emitida hace más de ocho décadas. Según Chavira, el reglamento vigente permite que estas academias impartan formación militar desde el nivel primaria hasta el técnico profesional, contempla el uso de grados similares a los de las Fuerzas Armadas y autoriza prácticas de tiro a partir de la secundaria. La propia senadora admite que eso permite que ciertos alumnos ejerzan autoridad y sometimiento sobre otros.
«Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las llamadas novatadas», declaró Chavira.
Que no te lo cuenten. El aparato estatal lleva más de ochenta años cobrando su cuota burocrática mientras un reglamento de otra época habilitaba estructuras de poder sobre menores de edad sin supervisión real. Ahora, con una niña muerta y una madre suplicando justicia en cámara, Morena descubre la urgencia de «revisar» lo que nunca revisó. El principio es simple: donde el Estado no regula con rigor, el abuso llena el vacío. Pero ese mismo Estado que hoy promete actualizar la norma es el que durante décadas prefirió no mirar. La familia de Dafne merece respuestas concretas, no otro ciclo de promesas legislativas que terminen archivadas en una comisión.
