El Pacífico Sur tiene un nuevo nombre en el mapa. La República de Nauru —tercera nación más pequeña del mundo por población, con apenas 12,000 habitantes— ha cambiado oficialmente su denominación a República de Naoero, volviendo a la grafía y pronunciación de su lengua nacional.
El presidente David Adeang lo propuso ante el Parlamento en enero pasado con un argumento de peso: el nombre «Nauru» nunca fue una elección propia, sino una adaptación impuesta por la dificultad que tenían los extranjeros para pronunciar el término original. «Este cambio propuesto busca honrar más fielmente el patrimonio, la lengua y la identidad de nuestra nación», declaró Adeang al presentar la enmienda constitucional.
Los legisladores la aprobaron en dos rondas de votación, según exige el proceso constitucional. El gobierno había anunciado en mayo un referéndum para confirmar la decisión, pero tras «extensas discusiones», los parlamentarios resolvieron que la consulta popular no era necesaria. La justificación oficial: el nombre Naoero «nunca se perdió, sino que esperaba ser plenamente adoptado», ya figura en el escudo nacional y es de uso cotidiano en la comunidad.
El código internacional del país pasará de NRU a NRO, y sus ciudadanos serán conocidos como dei-Naoero en lugar de Nauruan. La pronunciación cambia de «Now-roo» a «Now-ero». El cambio implicará también el renombramiento de aeronaves y embarcaciones nacionales.
Naoero no es el primer caso. Eswatini recuperó su nombre histórico desde Swazilandia en 2018. Turquía solicitó a la ONU en 2022 ser reconocida como Türkiye. La tendencia es real y, en muchos casos, legítima: los pueblos tienen derecho a llamarse como decidan.
La ONU ya actualizó su registro. Australia, Nueva Zelanda, y las embajadas de Estados Unidos y China en la región también reconocen el nuevo nombre en sus sitios web.
La isla, que vivió una bonanza extraordinaria por la minería de fosfatos en los años 70 antes de hundirse en la ruina económica en los 90, busca hoy inversión exterior a través de un programa de ciudadanía remunerada para financiar el traslado de infraestructuras ante el avance del mar.
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Que un pueblo recupere su nombre es, en principio, un acto de soberanía que merece respeto. El problema no es el cambio: es la decisión de prescindir del referéndum que el propio gobierno había prometido. Cuando los gobernantes deciden que ellos ya saben mejor que el pueblo lo que el pueblo quiere, el argumento de la identidad colectiva se convierte en coartada para el paternalismo de siempre. La soberanía nacional empieza por respetar la voz de los propios ciudadanos. Que no te lo cuenten.
