Daniel Grand es judío ortodoxo y vive en University Heights, Ohio. Su fe le exige rezar en minián —quórum de diez hombres— y le prohíbe conducir en el Sabbat. Solución natural: invitar a una docena de vecinos a orar en su propia casa.
Alguien se quejó. El 21 de enero de 2021, la ciudad le envió una carta de cese y desistimiento. Le exigió un permiso especial de uso para convertir su hogar en «lugar de asamblea religiosa». Si seguía rezando sin el permiso, enfrentaba citaciones y multas. Sus vecinos, en cambio, podían reunirse a ver un partido o jugar al póquer sin ningún trámite.
Grand solicitó el permiso. Lo que encontró fue kafkiano: en una audiencia del consejo de zonificación fue hostigado, y un vecino expresó abiertamente el temor de que el barrio «fuera etiquetado como judío». Para rematar, la ciudad le informó que obtener el permiso convertiría su domicilio en «casa de culto» bajo el código de zonificación. Resultado: podría rezar allí, pero no dormir, porque dejaría de ser considerado residencia.
Grand abandonó el proceso administrativo y presentó una demanda civil invocando la Primera Enmienda y la Ley de Uso Religioso de la Tierra (RLUIPA). Los tribunales nunca llegaron al fondo del asunto. Un panel unánime del Sexto Circuito desestimó el caso por falta de madurez procesal: como Grand había retirado su solicitud de permiso, no existía una «decisión final» del gobierno. El tribunal tomó una norma diseñada para casos de expropiación de propiedad —Williamson County Planning v. Hamilton Bank, de 1985— y la usó para cerrarle la puerta a un reclamo de Primera Enmienda.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema aceptó revisar el caso Grand v. City of University Heights en su próximo término.
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Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es solo una disputa de zonificación en Ohio: es si el aparato burocrático puede usar tecnicismos procesales para agotar a cualquier ciudadano que se atreva a ejercer un derecho constitucional. El relato de fondo es claro: un vecino reza en su casa, el Estado interviene, y cuando el ciudadano acude a la justicia, los tribunales le dicen que primero tiene que terminar el laberinto administrativo que lo perseguía.
Esa lógica invierte la jerarquía de derechos. La Primera Enmienda no debería estar subordinada a la paciencia del contribuyente frente a una burocracia hostil. Si la Corte Suprema falla a favor de Grand, enviará un mensaje que va mucho más allá de las sinagogas domésticas: el gobierno no puede usar el proceso como castigo para silenciar el ejercicio de libertades fundamentales.
