El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el Assembly Bill 181. La ley forma parte del paquete presupuestario para el año fiscal 2026-27. Su efecto es concreto: traslada el poder ejecutivo diario del superintendente estatal de Educación Pública a un nuevo cargo llamado «comisionado de educación». Ese comisionado no lo elige nadie. Lo nombra el gobernador. Le responde al gobernador.
El superintendente es un cargo de elección popular. Siempre lo fue. El nuevo comisionado no lo será. Esa es la diferencia que importa.
Newsom defendió el cambio en la firma del presupuesto. «El cambio tiene enemigos. Yo estoy a favor del cambio», dijo. Afirmó que la reforma «traerá mayor responsabilidad, claridad y coherencia» al sistema educativo. La ley fue negociada entre el gobernador y los líderes legislativos.
Pero quienes trabajan en el sector educativo californiano no lo ven así. Steve Campos enseñó más de 30 años en California. Hoy es miembro de la junta del Perris Union High School District. Su veredicto es directo: «Como maestro y votante, estoy completamente en contra de este juego de poder antidemocrático». Campos también advirtió que Newsom «intenta quitarle la voluntad a millones de votantes que apoyan los derechos parentales».
Sonja Shaw fue más lejos. Es presidenta de la junta del Chino Valley Unified School District. También es candidata a superintendente estatal. Shaw calificó la maniobra como «el atropello de poder más descarado en la historia de California». Su acusación es precisa: Newsom usó «una ley presupuestaria por la puerta trasera» para arrancarle autoridad al superintendente electo y entregársela a un designado político. Shaw avanzó en la primaria de junio. Enfrentará a Richard Barrera en las elecciones generales de noviembre.
Campos espera que el plan sea impugnado legalmente y revertido.
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Lo que Newsom llama «modernización» tiene otro nombre en el vocabulario de la democracia representativa: concentración de poder. El aparato estatal absorbe un cargo que los californianos elegían directamente. A cambio, reciben a un funcionario que responde al gobernador, no a los votantes.
La libre empresa, la propiedad privada y los derechos parentales comparten un mismo enemigo: la burocracia que avanza cuando nadie la frena. Esta ley no es una reforma técnica. Es una señal. Cuando el relato oficial habla de «claridad y coherencia», conviene preguntar quién define la claridad. Hoy en California, la respuesta es una sola persona. Que no te lo cuenten.
