Gavin Newsom no cambia de carril. Mientras una encuesta reciente revela que casi el 66% de los adultos y votantes probables de California se opone a su orden ejecutiva de 2020 que prohíbe la venta de autos nuevos de gasolina a partir de 2035, el gobernador reapareció en Oakland al volante de un Ford eléctrico para anunciar nuevos «rebates instantáneos» financiados con dinero público.
El paquete asciende a 135,5 millones de dólares en fondos estatales, complementados con aportes de fabricantes participantes como Hyundai, Lucid y Tesla. El descuento es de 3.500 dólares para compradores de vehículos nuevos y de 1.750 dólares para usados. Ford, Rivian, Chevrolet y Kia se suman al programa este mes; Toyota, Lexus, Honda y Subaru lo harán en septiembre; Mitsubishi en noviembre.
El dinero sale del programa cap-and-invest —antes llamado cap-and-trade—, que según Net-Zero California genera entre 7.000 y 8.000 millones de dólares anuales al fijar límites de emisiones y vender créditos a la industria. El mismo programa, sin embargo, ha sido señalado por encarecer la gasolina más cara del país: según la Comisión de Energía de California, el cap-and-invest añade 23 centavos a cada galón, que en mayo de 2026 costaba en promedio 5,95 dólares.
La resistencia al mandato no es ideológica: la encuesta, realizada entre el 29 de junio y el 6 de julio, muestra que la mitad de los demócratas también desaprueba la prohibición, en un contexto en que los votantes con el bolsillo apretado han perdido la paciencia con la agenda climática del estado.
Newsom, posible candidato presidencial, restó importancia al rechazo. «Si los encuestaras hoy, creo que tienen una opinión muy diferente a la de hace unos meses», dijo. También aprovechó el evento para atacar al presidente Trump, quien ha intentado desmantelar las exenciones federales que hacen viable la política californiana.
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Que no te lo cuenten. Aquí hay un gobernador que usa el dinero del contribuyente —extraído vía un programa que encarece cada litro de gasolina— para subsidiar una tecnología que dos tercios de sus propios ciudadanos no quieren que les impongan. El círculo es perfecto: el Estado eleva el costo de la alternativa que quiere eliminar, y luego financia con ese mismo dinero la alternativa que quiere imponer. A eso se le llama ingeniería social con cargo a la cuenta del contribuyente, no política de libre mercado.
Newsom puede presentar cheques de cartón ante las cámaras. Pero cuando la mitad de su propio partido rechaza la medida, el relato se cayó solo.
