El senador Gerardo Fernández Noroña aspira a regresar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, una de las posiciones más importantes del Poder Legislativo mexicano. La pretensión ha generado resistencias que no vienen solo de la oposición, sino del propio Morena.
Según el columnista Alejo Sánchez Cano en El Financiero, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, Ignacio Mier, ha manifestado reservas sobre esa posibilidad. El desacuerdo no tardó en convertirse en confrontación pública: según la misma fuente, Noroña calificó a Mier de «faccioso» e «irresponsable». El debate político, una vez más, cedió el paso a los descalificativos personales.
La presidencia de la Mesa Directiva del Senado no es un cargo menor. Quien la ocupa conduce las sesiones del pleno, garantiza el cumplimiento de la ley parlamentaria y representa institucionalmente a la Cámara ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Exige, en teoría, prudencia, equilibrio e imparcialidad.
Sánchez Cano apunta además a cuestionamientos públicos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad que Noroña ha defendido durante años y «diversos aspectos de su situación patrimonial». El columnista es claro: no se trata de condenar sin pruebas ni de sustituir a las autoridades competentes, sino de exigir transparencia a quien ejerce poder público.
El trasfondo es más amplio. Morena llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y dignificar el servicio público. Ocho años después, según el análisis citado, buena parte de sus dirigentes «reproduce las mismas prácticas de confrontación, culto a la personalidad y defensa incondicional de figuras polémicas» que tanto criticaban en la oposición.
México enfrenta, en paralelo, inseguridad, bajo crecimiento económico, incertidumbre jurídica y tensiones con Estados Unidos, según enumera la misma columna. En ese contexto, el Senado necesita liderazgos que fortalezcan la credibilidad del Poder Legislativo.
Lo que esto revela no es un problema de un solo senador. Es el síntoma de un sistema que ha dejado de premiar la capacidad institucional para recompensar la estridencia. Cuando el escándalo cotidiano se convierte en credencial política, el daño no lo absorbe el personaje: lo absorben las instituciones, y con ellas, la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
La burocracia oficialista tiene ahora una decisión que dice mucho sobre lo que Morena entiende por «transformación»: elegir entre un perfil que construya consensos o uno que garantice portadas polémicas. Que no te lo cuenten.
