El escándalo electoral de Nueva Jersey no para de crecer. Según cartas de lectores publicadas por el New York Post el 27 de julio de 2026, el estado registró a 6.600 no ciudadanos para votar, y la explicación oficial apunta a un «fallo de software» en la Comisión de Vehículos Motorizados.
La cifra no es menor. Y la coartada, menos creíble todavía.
Varios lectores señalan que la gobernadora Mikie Sherrill habría intentado responsabilizar al exgobernador Phil Murphy por lo ocurrido, en lo que uno de ellos describe como un intento «cómico» de deslindar responsabilidades. Según los mismos lectores, Murphy podría tener que comparecer ante el Comité Judicial del Senado, aunque esa posibilidad —hay que dejarlo claro— es por ahora una opinión de los corresponsales, no un hecho confirmado.
Lo que sí está documentado en las cartas: al menos 400 votos de no ciudadanos se habrían emitido en elecciones de Nueva Jersey desde 2023. El mecanismo, según los lectores, no es accidental: Nueva Jersey permite licencias de conducir a no ciudadanos y ofrece registro automático de votantes en las oficinas del MVC. La combinación, dicen, es una puerta abierta.
«No fue un error informático; fue la política instaurada por la maquinaria demócrata de Nueva Jersey», escribe uno de los corresponsales. Otro va más lejos: «La pregunta no es cómo ocurrió el glitch. La pregunta es por qué se permite a los no ciudadanos obtener licencias e identificaciones estatales en primer lugar».
Un lector propone la solución más obvia del mundo: que el sistema pregunte primero si el solicitante es ciudadano, y si la respuesta es negativa, que salte directamente al siguiente campo sin ofrecer la opción de registro electoral. Sencillo. Técnicamente trivial. Políticamente, al parecer, imposible en Nueva Jersey.
Otra voz atribuye a Sherrill motivaciones electorales de largo plazo: «un intento de adelantarse a otros posibles glitches con miras a una candidatura presidencial en 2028».
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Que no te lo cuenten. Cuando el relato oficial necesita un «fallo de software» para explicar 6.600 registros irregulares, el problema no está en el código: está en el diseño del sistema. La burocracia no comete este tipo de errores por descuido; los comete porque alguien decidió no poner el candado.
El voto es el fundamento del contrato cívico. Diluirlo con registros de no ciudadanos —sea por «glitch» o por política deliberada— no es un tecnicismo administrativo: es una fractura en la legitimidad de cada elección. Y la doble vara es inocultable: los mismos que exigen auditorías exhaustivas cuando pierden son los primeros en llamar «error informático» cuando ganan.
