Nueva York declaró este lunes una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión, mientras Pensilvania superó los 1.004 contagios en 2026, según reportes oficiales citados por medios estadounidenses y mexicanos.
La gobernadora Kathy Hochul emitió una orden ejecutiva que amplía el grupo de profesionales autorizados para administrar vacunas contra el sarampión. La medida incluye a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas.
La orden también permite a esos profesionales sanitarios solicitar pruebas para detectar la enfermedad. Hochul defendió la decisión al decir que «nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación» y que las medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos.
Según el Departamento de Salud de Nueva York, hasta el 3 de octubre se confirmaron 108 casos en el estado este año: siete en la ciudad de Nueva York y 101 en el resto del estado. En paralelo, el senador estatal Gustavo Rivera señaló que el aumento de casos se debe a una disminución en la vacunación infantil, impulsada por la desinformación.
En Pensilvania, las autoridades informaron que el brote comenzó el pasado abril al oeste de Philadelphia y que ya suma 1.004 casos confirmados durante 2026. De esos casos, 198 personas han sido hospitalizadas y cinco han muerto. El condado de Lancaster aparece como el más golpeado, con 391 contagios.
La magnitud del repunte ya dejó a Estados Unidos con casi 3.900 casos de sarampión este año, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es el peor registro desde 1991. Los CDC también recuerdan que el país declaró eliminado el sarampión en 2000 gracias a altos niveles de vacunación, pero la cobertura entre los niños cayó por debajo del 95%, el umbral considerado necesario para prevenir la transmisión sostenida.
Lo que ocurre en Nueva York y Pensilvania no es solo un dato sanitario: es una señal de alarma sobre lo que pasa cuando cae la inmunización y el aparato público tiene que correr detrás del problema. Otra vez la doble vara: la prevención cuesta, pero la inacción sale mucho más cara.
También queda clara una verdad incómoda para la burocracia sanitaria. Sin disciplina en vacunación, la libre circulación de una enfermedad prevenible vuelve a golpear a familias, hospitales y contribuyentes. Que no te lo cuenten.
